Contraloría advierte que reparación de víctimas que establece la JEP está desfinanciada en 83.6%

Luego de analizar de las órdenes impartidas por la JEP en sus dos primeras sentencias y realizar un seguimiento permanente a los bienes entregados por las antiguas FARC-EP al Estado, tras la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, la Contraloría General de la República advirtió que los componentes restaurativo y reparador para las víctimas en 2026, están desfinanciados en un 83,6 %.

Cumplir con ambas sentencias, en un escenario en el que podrían seguirse produciendo, tendría un valor inicial de 121.858 millones de pesos, de los que, apenas, 20.000 se encuentran disponibles.

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“Los incumplimientos relacionados, ponen en riesgo el derecho a la reparación de las víctimas y pueden comprometer la responsabilidad del Estado, por lo cual se insta a las partes a cumplir los acuerdos y especialmente, a proveer los recursos necesarios a fin de reparar a la población afectada con el conflicto armado a quienes la JEP les reconozca esa calidad”, indicó la Jurisdicción Especial para la Paz.

Ahora, “frente a los demás componentes, se profirieron una serie de órdenes judiciales con la identificación precisa de las entidades públicas del nivel nacional y territorial a las que les corresponde la garantía de las condiciones para su implementación, así como la consecución de recursos para cumplirlas. No obstante, no se tienen recursos presupuestados para dar cumplimiento a esas órdenes, limitando su ejecución en la vigencia 2026”.

Incumplimientos en la entrega de bienes y la falta de monetización encienden una alerta:

A través de la delegada para el sector justicia, la Contraloría identificó los activos que las FARC-EP se habría comprometido a entregar para reparar a las víctimas, los que entregó y los que se han monetizado.

“Frente a los bienes recibidos de las FARC-EP, se designó a la SAE S.A.S., como administradora del patrimonio autónomo que tendría a cargo la administración de estos bienes y se determinó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- era la entidad designada por el Gobierno Nacional como beneficiaria”, explicó.

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Sin embargo, permanece la duda sobre por qué la cantidad de activos reportados y acordados para la entrega superan, en casi todos los casos, la cantidad de activos recibidos materialmente y por qué algunos de ellos no han sido monetizados.

En dinero en efectivo, por ejemplo, debían entregar 12.070.000.000, de los cuales llegaron al Estado 2.114.350.000. De oro y joyas debían entregar 25.000 gramos, de los cuales llegaron 2.540 a manos del Estado y solo 1.024 han sido monetizados y de los 722 inmuebles que debían entregar, se tiene registro de uno, que no ha sido monetizado.

“Los bienes entregados por las FARC al Estado colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación, pues entraña una incertidumbre frente a la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y contingencias frente a la obligación del Estado colombiano frente a los derechos de las víctimas”, concluye la advertencia del órgano de control fiscal.