Contraloría advierte sobrepago de más de mil millones en contrato del Programa de Sustitución de Cultivos
De acuerdo con el órgano de control fiscal, el detrimento patrimonial en este caso afecta la seguridad alimentaria de las familias del programa de sustitución.
Noticias RCN
07:20 a. m.
La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional advirtió en medio de una auditoría realizada a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) un sobrepago por 1.618 millones de pesos en contratos celebrados entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y DCO Ingeniería & Servicios S.A.S. para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
De acuerdo con el órgano de control, “corresponde a pagos realizados de manera incorrecta y desproporcionada a la interventoría, los cuales no se ajustaron a los avances reales registrados en los Planes Operativos Anuales (POA) de los contratos supervisados bajo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”.
Pago debía corresponder al avance de proyectos que, en algunos casos, no superaron el 50%
El hallazgo fiscal revela que los pagos a la interventoría no son los acordados. En otras palabras, no se ajustan a los avances reales de los contratos supervisados:
“Los pagos a la interventoría, establecidos en la cláusula cuarta del contrato, debían guardar estricta relación con el porcentaje de avance de los contratos objeto de supervisión. Sin embargo, el análisis de la supervisión reveló que los avances técnicos de dichos contratos promediaron el 59,23%, 93,67% y 44,8%, respectivamente, muy por debajo del 100% necesario para justificar el pago total”.
Contraloría hace responsable a la Agencia de Renovación del Territorio (ART):
Como entidad ejecutora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que está en la obligación de preservar los recursos del mismo, la Contraloría hizo responsable a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) por las fallas en el seguimiento técnico y financiero del acuerdo.
E insistió en que “este detrimento patrimonial afecta directamente los recursos destinados al desarrollo de proyectos productivos sostenibles y a la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas por el PNIS, subrayando la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión”.
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