Contraloría cuestiona cifras del Gobierno en emergencia económica por inundaciones en Córdoba
El organismo enfatiza que la Corte Constitucional debe evaluar con rigor la proporcionalidad de la medida.
Noticias RCN
08:52 a. m.
La Contraloría General de la República envió este jueves 9 de abril un concepto a la Corte Constitucional sobre la declaratoria de emergencia económica tras las graves inundaciones en Córdoba.
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En el documento, el organismo de control advierte que la sustentación presentada por el Gobierno Nacional para justificar la medida tiene “cifras poco confiables” y que no se acreditaría de manera suficiente la necesidad de los 8 billones de pesos solicitados para atender la crisis.
Observaciones sobre la justificación financiera
Según el análisis, los datos entregados por el Ejecutivo carecen de precisión y respaldo técnico. La Contraloría señala que “no se evidencia un soporte detallado que permita verificar la magnitud real de los daños” y que, por tanto, resulta difícil establecer si el monto requerido corresponde efectivamente a las necesidades de reconstrucción y atención humanitaria en la región.
El organismo enfatiza que la Corte Constitucional debe evaluar con rigor la proporcionalidad de la medida, pues la declaratoria de emergencia implica facultades extraordinarias para el Gobierno y un impacto significativo en el manejo de las finanzas públicas.
Riesgos institucionales y control del gasto
El concepto también advierte sobre los riesgos de aprobar recursos sin una base sólida: “la falta de consistencia en las cifras podría derivar en un uso ineficiente de los fondos públicos”. La Contraloría insiste en que, aunque la situación en Córdoba es grave y requiere atención urgente, la respuesta institucional debe estar acompañada de transparencia y planeación adecuada.
Las dudas de la Contraloría sobre el uso de recursos en los decretos de emergencia económica
La Corte Constitucional tendrá ahora la tarea de revisar si la declaratoria de emergencia económica cumple con los requisitos constitucionales y si las justificaciones presentadas por el Gobierno son suficientes para avalar el uso de recursos extraordinarios.
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