¿Se justifican 8 billones o no? Crece la polémica por gasto en emergencia invernal
El ente de control cuestionó decisiones que ahora deberá revisar la Corte Constitucional.
Noticias RCN
01:10 p. m.
Una alerta encendió la Contraloría General de la República tras revisar los decretos expedidos por el Gobierno para atender la emergencia invernal en Córdoba.
El informe advierte que no está plenamente justificado el uso de 8 billones de pesos contemplados en 18 decretos de emergencia económica.
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Aunque la Contraloría no puede tumbar estas decisiones, sí deja un concepto que podría influir en la evaluación que más adelante haga la Corte Constitucional sobre la legalidad de estas medidas.
Contraloría lanza alerta por decretos de emergencia y gastos millonarios
El punto central de la advertencia es claro: no hay suficiente sustento técnico ni financiero que explique por qué se necesitan 8 billones de pesos para atender esta emergencia.
Según lo expuesto, los decretos permiten ejecutar recursos sin que exista claridad sobre en qué se van a gastar, quiénes serán los beneficiarios y bajo qué criterios se priorizarán las inversiones. Esto, de acuerdo con expertos, abre la puerta a un gasto sin trazabilidad y sin los análisis necesarios.
El economista Daniel Gómez explicó que lo preocupante es que estas decisiones estarían saltándose las reglas institucionales. Señaló que los decretos de emergencia están siendo utilizados para habilitar un gasto que no cuenta con planeación clara, lo que además aumenta la presión sobre las finanzas públicas del país.
También advirtió que el contexto electoral hace aún más delicado el tema, ya que se trata de recursos que podrían manejarse con alta discrecionalidad.
Desde el análisis político, las críticas apuntan a que estos decretos fueron elaborados con rapidez y sin el rigor necesario. Se cuestiona, por ejemplo, que se le asignen funciones a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que no corresponden a su naturaleza, como la construcción de sistemas relacionados con transmisión eléctrica.
¿De dónde saldrán todos los recursos?
Además, se advierte que no está claro de dónde saldrán los recursos. Los decretos plantean trasladar dinero desde otros programas, lo que podría generar desfinanciación en diferentes sectores del Estado.
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Otro de los puntos que genera inquietud es el monto: 8 billones de pesos. Analistas aseguran que esta cifra es comparable con una reforma tributaria, lo que resulta desproporcionado para una emergencia focalizada en varios departamentos. Por eso insisten en que, si ese dinero realmente se necesita, debe demostrarse con estudios claros.
A esto se suma otra preocupación: el uso de decretos de emergencia para impulsar medidas que tendrían efectos tributarios, sin pasar por el Congreso. Según lo señalado, esto iría en contravía de los mecanismos normales de la democracia, especialmente después de que el Gobierno no lograra aprobar reformas por la vía legislativa.
Finalmente, expertos también cuestionan que se declare una emergencia para atender situaciones que no son imprevisibles. Señalan que en esa región las inundaciones ocurren con frecuencia, por lo que el Estado debería haber previsto recursos y planes desde antes, sin necesidad de recurrir a medidas extraordinarias.
Con todas estas alertas sobre la mesa, la decisión de la Corte Constitucional será determinante. Será ese alto tribunal el que defina si los decretos cumplen con los requisitos legales o si, por el contrario, se trata de medidas que no tienen el sustento suficiente para mantenerse en pie.
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