Corte Constitucional examinará marco legal para la paz

La Corte Constitucional pondrá a examen el marco jurídico para la paz, que busca regular procesos de desmovilización, y su eventual aplicación si el Gobierno y las Farc firman en La Habana un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado.

Los nueve magistrados del alto tribunal tendrán que decidir si esta herramienta de justicia transicional, que reforma la Constitución de 1991 en cinco de sus artículos, se ajusta o no a ese texto.

Tras la aprobación del acto legislativo en el Congreso en junio de 2012, la corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo cuestionó tres expresiones del texto que a su juicio podían dar pie a que delitos cometidos por actores del conflicto quedaran en la impunidad.

Por este motivo, en diciembre pasado presentaron una demanda ante la Corte para declararlo inconstitucional, lo que llevó al tribunal a convocar a una audiencia en la que participará el presidente Juan Manuel Santos, para defender este marco legal.

Santos es el segundo presidente que comparece ante la Corte Constitucional para dar explicaciones sobre una reforma a la Carta Magna, después de que lo hiciera su antecesor Álvaro Uribe en defensa de la reforma constitucional que cambió las normas electorales y permitió su reelección en 2006.

El mandatario abrirá la sesión con un discurso de 20 minutos y le seguirá su alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. Los demandantes dispondrán de 15 minutos para debatir y defender su postura, pero también podrán intervenir los organismos invitados que lo soliciten.     

El origen de la controversia está en los principios de "priorización" y "selección" que contempla el marco jurídico para la paz para investigar los delitos cometidos por miembros de grupos armados ilegales como guerrillas y paramilitares, así como agentes del Estado durante la confrontación armada.

Esto implica que la justicia definirá el orden en que será revisado cada caso y los legisladores determinarán contra quiénes se procederá penalmente y a qué actores se les concederá la renuncia a la persecución penal por ser menos responsables.

En concreto, la ONG cuestiona la utilización de las expresiones "máximos responsables", en cuanto que considera que deberían ser juzgados "todos" los implicados en un crimen "cometido de manera sistemática", porque dejaría por fuera violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido solo una vez, por graves que sean.

El Gobierno, que fue promotor de la iniciativa antes de que se dieran a conocer sus negociaciones con las Farc, ha argumentado que investigar y procesar a los responsables de 304.000 hechos denunciados tomaría unos 100 años.

Las Farc y el ELN han rechazado públicamente este marco legal.

Para someterse a esta herramienta transicional, las guerrillas tendrán que contribuir con la revelación de la verdad, la construcción de la justicia y de la reparación a las víctimas, y además deberán liberar a los secuestrados.

EFE.