¿Qué implicaciones tiene que el Consejo de Estado no estudie las tutelas contra el presidente?
El decreto presidencial que quita exclusividad al Consejo de Estado para revisar tutelas contra el mandatario generó polémica por sus implicaciones para la separación de poderes.
El Gobierno Nacional desató recientemente una nueva controversia al firmar un decreto que modifica las competencias del Consejo de Estado para revisar tutelas contra el presidente de la República.
Decreto quitó al Consejo de Estado la competencia de revisar las tutelas contra el presidente
Aunque la medida podría considerarse un trámite normal dentro de los canales legales, ha generado preocupación por sus implicaciones políticas y para el sistema de pesos y contrapesos.
En la Mesa Ancha de este medio, el analista invitado, Juan Sebastián Arango, explicó cuáles son las implicaciones de la decisión.
“Yo creo que efectivamente hay por lo menos una costumbre judicial de que un decreto puede ser modificado obviamente por el mismo presidente en sus facultades constitucionales. Sin embargo, aquí no estamos hablando de desconcentración judicial normal, de lo que las personas normalmente tienen a la hora de acercarse a la justicia”, aseguró.
También dijo que, “estamos hablando del juez que controla y ha venido controlando y generando pesos y contrapesos al gobierno nacional. Por lo tanto, el Gobierno debería ser más prudente a la hora de tomar este tipo de decisiones, más aún cuando en el ambiente permanece esta sensación de que al gobierno no le gusta que lo controlen y no le gusta el orden institucional”.
Por su parte, Julio Iglesias, quien hace parte de la mesa, se refirió a si el decreto podría considerarse un golpe de Estado, como lo calificó el constitucionalista Germán Calderón.
Cabe mencionar que el decreto se conoció tan solo semanas después de que el Consejo de Estado tomara una decisión contraria a los intereses del Gobierno.
"Hay niveles de análisis, el judicial, el legal y el político. Puede que legalmente sea una figura procedente, como lo dijo el propio presidente del Consejo de Estado, que esté dentro de las competencias del presidente, modificar las competencias del Consejo de Estado. Sin embargo, hay otra dimensión y es la política, que hace dos o tres semanas este mismo Consejo de Estado tomó una decisión claramente contraria a los intereses del Gobierno, que era referente al famoso decretazo y lo declaró no válido. Dos o tres semanas después de ese hecho, de una decisión contraria al presidente, sale una decisión de esta naturaleza, claramente hay que leerlo como una venganza política, como un castigo para el Consejo de Estado”, aseguró Julio.
Esta no es la primera vez que el Consejo de Estado toma decisiones adversas al actual Gobierno. Ha intervenido en temas como la transmisión de Consejos de ministros, decretos de emergencia económica, la paz total y el nombramiento de embajadores.
Por esto, según los expertos, se observa un patrón recurrente del Gobierno de buscar mecanismos para evadir controles cuando enfrenta decisiones desfavorables de otras ramas del poder.
“Se logra ver que, si el Congreso de la República toma decisiones adversas, busco otro mecanismo para saltarme al Congreso. Si una alta corte, como la Corte Constitucional, está tomando decisiones que no son favorables, busco cómo interferir en el balance y el contrapeso dentro de esa Corte Constitucional. Acá no estamos hablando solo de un hecho en particular, sino que es una actitud permanente y recurrente que trata de minar el peso y contrapeso que contiene la Constitución Política de Colombia para que el Ejecutivo se mantenga dentro de la institucionalidad y dentro del marco constitucional que tenemos”, explicó Arango.
Más allá del debate legal, la medida plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes. La Constitución establece que sean las altas cortes quienes juzguen a los altos funcionarios.
Como señala un experto, "debe ser una alta corte la que juzgue los asuntos del alto gobierno. Eso tiene una razonabilidad y cambiar ese balance también es muy peligroso".

