Según la CRIC, 14 comuneros indígenas han sido asesinados en el Cauca durante 2022

Frente a la muerte del tuthenas Miller Correa, perteneciente a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, cuyo cuerpo fue encontrado en la noche del 14 de marzo en inmediaciones del barrio Lomas de Granada, en Popayán, la Asociación Regional Indígena del Cauca, CRIC se pronunció.

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Según un comunicado de la CRIC y de las demás autoridades indígenas de los pueblos del Cauca, el asesinato del líder de la CXHAB WALA KIWE tiene relación con un panfleto publicado el pasado 7 de marzo por las Águilas Negras, en donde se amenazaba directamente la vida de Correa, así como la seguridad de organizaciones como la CRIC, la ACIN e Indepaz.

Además, el Consejo reiteró que a pesar de las alertas emitidas por las autoridades, la violencia en el Cauca presenta “cifras desoladoras” pues, según el observatorio de Derechos Humanos y Defensa a la Vida de la CRIC, entre 2019 y 2022 han sido asesinados 314 personas que se desempeñaban como autoridades indígenas, comuneros o guardias.

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A nivel nacional las cifras son aún más desalentadoras, según el mismo informe 1.326 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y 339 defensores de derechos humanos han muerto durante la presidencia de Iván Duque, de los cuales 169 pertenecían a pueblos indígenas.

Alerta en las comunidades indígenas

Asimismo, la CRIC resaltó que a pesar de las medidas expedidas por la Corte Constitucional, referentes al estado de cosas inconstitucionales por la prolongación del conflicto y la expedición de planes de protección para 36 pueblos indígenas en riesgo de exterminio, los grupos armados y criminales continúan amenazando la integridad de los habitantes sobre todo en zonas rurales y apartadas.

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Ante este hecho, emitieron una alerta a la comunidad internacional y al Gobierno Nacional para garantizar la paz y tranquilidad de los territorios indígenas, implementando proyectos productivos y de justicia social.

Finalmente, exigieron a los grupos armados abandonar los territorios pertenecientes a las comunidades ancestrales, así como parar con la ejecución de crímenes de lesa humanidad e internacionales que los exponen al sometimiento de la justicia internacional.