No todos reciben el millón de pesos: La diferencia entre gestores de paz y voceros de primera línea

En medio de la discusión que abrió el gobierno del presidente Gustavo Petro, en torno a la delegación de gestores y voceros de paz, se han generado múltiples interrogantes y cuestionamientos sobre estas dos figuras, especialmente, sobre quiénes recibirían un millón de pesos por desempeñar estas funciones. 

La discusión tomó aún más fuerza después de que Petro anunció una propuesta para que alrededor de 100.000 jóvenes de escasos recursos se desempeñen como gestores y reciban un salario mínimo que aporte a su educación. 

De acuerdo con el mandatario, esta suma sería entregada a los jóvenes que tengan deseo de convertirse en gestores de paz en las comunidades más vulnerables económicamente y así aportar a la consolidación de la paz total.

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En medio de su discurso, Petro mencionó que este programa estaría ligado a la educación y que los recursos podrían provenir de la lucha contra el 'multicrimen'. "(...) Un joven debe recibir un ingreso que le permita vivir con cierta dignidad, que le permita competir en esas zonas con el salario que entregan las organizaciones multicrimen", dijo.

En toldas del rechazo

Después de esto, se hizo evidente el rechazo por la propuesta por parte de diferentes frentes políticos y de oposición. La senadora del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, cuestionó: "¿De dónde saldrá ese billón doscientos mil pesos?", que le costaría al Estado el pago por el desempeño como gestor de paz. 

"Los jóvenes entenderán que no es trabajando sino delinquiendo que se pueden ganar un millón de pesos, siendo gestores de paz como los de ‘Primera Línea’", agregó Cabal por medio de su cuenta de Twitter.

Incluso, otros llegaron a decir que el pago estaría dirigido a los miembros de la primera línea que, eventualmente, sean liberados para convertirse en voceros de paz, tal como se dispuso en decreto. 

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Aunque en el documento se habla de que la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz será la que se encargue de analizar los casos que apliquen para la liberación de miembros de organizaciones sociales y humanitarias, que se encuentren privados de la libertad y que puedan aportar en los procesos de paz.  

También establece que "los voceros de paz podrán participar en procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos; esto con consentimiento expreso de los grupos armados ilegales a los que representen".

¿Hay diferencia? 

Teniendo esto claro, el analista político y catedrático de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, explica que con el rol de vocero el Gobierno podría estar buscando asignar una "menor responsabilidad política" a las personas con la pretención de que se desempeñe meramente como interlocutores.

Mientras que la figura de los gestores de paz ha sido usada en gobiernos anteriores para darle facultad a miembros de grupos armados, con unas características mucho más representativas. Precisamente, el expresidente Álvaro Uribe también usó dicho mecanismo durante su gobierno y lo hizo aplicable para alias 'Karina' y Rodrigo Granda, de las Farc.

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"(...) Un poco lo que se quiere evitar, creo yo, es esta idea de que se les está premiando y aquí lo que se está diciendo es que no son criminales, sino que es gente con una 'condición especial'", puntualiza Jaramillo.  

Aunque las opiniones divididas aún permanecen. El exjefe negociador del gobierno con las Farc y actual senador, Humberto de la Calle, ha mencionado que el verdadero reto estará en que "el gobierno distinga entre quienes cometieron irregularidades y quienes atentaron contra la vida y los derechos" en medio del estallido social.