¿Cuáles podrían ser los beneficios de los narcotraficantes con la nueva propuesta de extradición?

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de su propuesta para cambiar las políticas de extradición y no poner a los narcotraficantes a disposición de la justicia estadounidense, siempre y cuando negocien con el Estado y no reincidan, recibirán beneficios jurídicos, algunos analistas han examinado con lupa lo que podría contener dicha medida.

Sin más detalles, el mandatario afirmó que iniciará diálogos con la delegación de la Casa Blanca, lo que supone una negociación entre ambos gobiernos, para consolidar los intereses en común en el marco de la nueva estrategia del Estado colombiano para combatir el narcotráfico.

En su declaración Petro aseguró que había tocado otros puntos con los representantes de Washington, sin embargo, al menos por ahora los mantendría en privado.

¿Qué tanto estaría dispuesto a negociar Estados Unidos en materia?

El gobierno estadounidense se ha caracterizado históricamente por su liderazgo en las políticas antidrogas en su país y en Latinoamérica, este medio ha sido el vehículo para gran parte de los apoyos económicos que la Casa Blanca suministra a distintos países, entre ellos Colombia.

Aunque Estados Unidos es un país que respeta la soberanía de sus aliados internacionales, también plantea unos límites que van a fin con sus estatutos, y como era de esperarse respondió a dicha propuesta abierta al diálogo, pero advirtió que será necesario que las carteras de Justicia de las dos naciones discutan propuestas y contrapropuestas.

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¿Cuáles podrían ser dicho beneficios jurídicos para los narcotraficantes?

Por el momento el único beneficio jurídico confirmado sería la no extradición a Estados Unidos de quienes negocien con el Estado colombiano, sin embargo, NoticiasRCN.com consultó a expertos en materia para conocer cuáles podrían ser las otras ventajas.

Jaime Alberto Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia recalcó que, en el Código Penal ya existen unos acuerdos por confesión o aceptación de la condena, sin embargo, supone que el gobierno quiere agregar otros y para eso necesitaría una ley de la República.

"Uno de ellos podría ser de rebajas de pena mayores a las que ya están consagradas o penas alternativas, podría pensarse que es una especie de justicia restaurativa lo que se planea, porque la no extradición es discrecional del presidente".

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¿Los narcotraficantes ya extraditados podrían ser incluidos en este nuevo enfoque?

Por su parte, el analista político, Carlos Arias, aseguró que este es un escenario hipotético que es muy difícil de plantear.

“Claramente no hay que ser un genio para entender que esa idea de Gustavo Petro tiene que ver con la filosofía que causó tanto revuelo en campaña, que está asociada al perdón social”.

Al respecto, no cree que sea posible, porque las personas que ya fueron extraditadas se acogieron a las leyes norteamericanas y no podrían acogerse a nuevas modelos que salgan con el gobierno colombiano.

“Tienen que terminar de pagar sus penas”.

"Por ejemplo, Salvatore Mancuso lleva 16 años metido en una cárcel y no solamente ha hecho procesos de justicia y reparación, sino que ha entregado nexos y vínculos paramilitares con políticos en Córdoba. Pero no recibiría una rebaja en este nuevo trato", añadió Arias.

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¿Se podría unir esta nueva política con la JEP?

EL expresidente de la Corte Suprema en plena facultad de sus conocimientos aseguró la JEP está establecida por una reforma que se hizo a la Constitución en los acuerdos de La Habana, el componente de justicia para los que tienen que ver con el conflicto con las Farc.

“Obviamente muchos han querido acogerse a los beneficios, porque el que se acoge a la JEP ya de por sí no puede ser extraditado. Hacer extensiva la JEP a estos señores no se podría hacer por ley, tendría que ser una reforma a la Constitución, con las dificultades que eso tiene, porque la JEP fue una sustitución a la Constitución”, aseguró Arrubla.

Por su parte, Arias insistió en que muchos de los narcotraficantes de las Farc hoy están acogidos a la JEP, pero no por narcotráfico, sino por delitos de lesa humanidad.

"Está en la Justicia Especial para la Paz acoger o no a ese tipo de personas que hicieron atentados contra el Derecho Internacional Humanitario, sin embargo, muchos han sido rechazados y allí si pudiesen pensar en formar parte de una negociación con el Estado bajo esta nueva propuesta", concluyó Arias.