Defensa de familia de Miguel Uribe cuestiona a la UNP por esquema de seguridad
Abogados de la familia de la familia Uribe Turbay rechazan declaraciones del director de la UNP y advierten fallas en la protección del exsenador.
Noticias RCN
03:51 p. m.
La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, emitió un comunicado en el que rechaza de manera categórica las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, en medio de la investigación por el magnicidio del precandidato presidencial.
Según el documento conocido por Noticias RCN, la defensa calificó como “jurídicamente inaceptables” los señalamientos realizados durante un interrogatorio en el complejo judicial de Paloquemao, al considerar que carecen de sustento fáctico y probatorio. Además, plantearon dudas sobre la eficacia del esquema de seguridad asignado a Uribe Turbay, señalando que, de haberse aplicado correctamente, el crimen habría podido evitarse.
Cuestionamientos al esquema de protección
El comunicado revela que el entonces senador había solicitado un refuerzo en su esquema de seguridad, incluyendo medidas para su familia. No obstante, aunque esta petición fue reconocida mediante una resolución firmada por el propio director de la UNP, en la práctica no se habría materializado un aumento real en la protección.
De acuerdo con la defensa, se asignaron únicamente tres hombres de protección para un grupo familiar de siete personas, lo que consideran insuficiente frente al nivel de riesgo “extraordinario” que ya había sido reconocido oficialmente.
En ese sentido, los abogados recordaron que incluso el propio director de la UNP habría admitido inicialmente la insuficiencia del esquema tras el atentado, aunque posteriormente —según denuncian— cambió su versión, generando contradicciones en medio del proceso.
Señalamientos y exigencias
La firma también rechazó cualquier insinuación de manipulación por parte de la familia o de las autoridades judiciales, advirtiendo que este tipo de afirmaciones afectan la dignidad de las víctimas y la confianza en las instituciones.
Finalmente, reiteraron su respaldo a la labor de la Fiscalía y pidieron que se avance en decisiones procesales clave, como la imputación de responsables, para esclarecer completamente los hechos y garantizar justicia.
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El caso sigue generando debate sobre las responsabilidades del Estado en la protección de líderes políticos y las posibles fallas en los esquemas de seguridad.
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