MinDefensa desmintió mina del Clan del Golfo dentro de batallón y destapó grave daño ambiental en el Bajo Cauca
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez llegó hasta Caucasia para verificar las denuncias sobre una supuesta explotación ilegal dentro del Batallón Rifles.
Noticias RCN
02:43 p. m.
Las denuncias sobre una presunta explotación minera ilegal del Clan del Golfo dentro de una unidad militar en Antioquia obligaron al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, a desplazarse personalmente hasta el Bajo Cauca para verificar qué estaba ocurriendo realmente.
Las versiones señalaban que dentro del Batallón Rifles, ubicado entre Caucasia y Cáceres, existía extracción ilícita de yacimientos mineros supuestamente controlada por el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.
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Ante la gravedad de la denuncia, el Gobierno realizó una inspección en terreno con acompañamiento de autoridades militares, civiles y técnicas para revisar coordenadas, linderos y la actividad minera en la zona.
Tras la visita oficial, el ministro desmintió de forma contundente esa versión y aseguró que no existe explotación minera del Clan del Golfo dentro de la unidad militar.
¿Qué encontró el MinDefensa en el batallón Rifles?
Desde Caucasia, Pedro Sánchez explicó que el objetivo principal de la visita era garantizar transparencia, legitimidad, control institucional y respuestas basadas en evidencia real frente a las denuncias que circularon sobre la presencia de minería ilegal dentro de instalaciones militares.
Luego de la verificación oficial, confirmó que dentro del Batallón Rifles no existe explotación minera del EGC, conocido como Clan del Golfo.
Con esta afirmación, el Ministerio de Defensa descartó que esa estructura criminal estuviera realizando actividades extractivas dentro de los predios militares ubicados entre Caucasia y Cáceres, Antioquia.
No obstante, el panorama en los alrededores sí encendió las alarmas.
Descubren grave daño ambiental en al Bajo Cauca
Las autoridades encontraron que en terrenos contiguos, aunque por fuera de la unidad militar, sí se adelanta extracción de oro por parte de mineros artesanales, algunos asociados a La Mandinga.
Estos predios están administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas.
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Durante el recorrido también se evidenció que el uso de maquinaria amarilla continúa generando una grave afectación ambiental sobre el ecosistema, una situación que ya está siendo revisada por las autoridades competentes para tomar medidas conforme a la ley.
Otro hallazgo importante fue la existencia de una discrepancia entre los linderos registrados en Catastro y los definidos en las escrituras públicas del Batallón Rifles.
Esta diferencia será objeto de una revisión jurídica y técnica para aclarar la situación predial y evitar nuevas controversias sobre los terrenos.
El ministro recordó además que la actuación de la Fuerza Pública frente a la minería ilegal debe regirse estrictamente por la Constitución y la ley, bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y protección de la población civil.
Explicó que en el Bajo Cauca antioqueño la minería ilegal no responde a una sola dinámica, ya que allí confluyen economías de subsistencia, estructuras criminales y problemáticas sociales históricas.
Por esa razón, el uso de la fuerza debe aplicarse de manera diferenciada y únicamente cuando existan amenazas violentas o acciones criminales que así lo exijan.
Gobierno anunció medidas tras preocupantes hallazgos en el Bajo Cauca
Frente a este escenario, el Gobierno anunció varias medidas inmediatas para reforzar el control y la transparencia en la zona.
Entre ellas está el inicio de una misión de trabajo por parte de la Inspección del Ejército Nacional, así como la verificación jurídica y técnica de los linderos del predio.
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También se fortalecerá el control operacional mediante incautación y destrucción de maquinaria, judicialización de responsables y mayor coordinación con las autoridades competentes.
Además, el Gobierno Nacional anunció una serie de compromisos adicionales para buscar soluciones estructurales a esta problemática social, económica y ambiental.
Se iniciará un diálogo directo con los líderes de La Mandinga para frenar la minería no artesanal y se implementará una estrategia integral con enfoque social, económico, legal y de seguridad.
Asimismo, se adelantará una articulación interinstitucional para procesos de formalización minera, control ambiental y recuperación del territorio.
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