Defensoría pide asistencia humanitaria urgente para familias confinadas en el sur de Bolívar
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió al grave panorama de orden público que se vive en el territorio por cuenta de los combates entre ELN y Clan del Golfo.
Noticias RCN
07:22 a. m.
Sigue la crisis humanitaria por la compleja situación de orden público en el sur de Bolívar, en donde los combates entre el ELN y el Clan del Golfo tienen en vilo a miles de familias.
Los campesinos llevan casi dos semanas confinados debido al paro armado anunciado por estas estructuras criminales que se disputan el territorio.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por el aumento del riesgo humanitario, pues se han denunciado secuestros, desabastecimiento y restricciones a la movilidad, sobre todo en las veredas de Santa Rosa del Sur y Montecristo.
Las zonas más afectadas por los combates
Santa Rosa del Sur se ubica a 650 kilómetros de Cartagena y es considerado el eje generador del desarrollo minero, agrícola y comercial en el sur de Bolívar.
Allí, las alertas se encendieron hace dos años, cuando la Defensoría del Pueblo advirtió el riesgo que corría la población por la expansión de los grupos armados.
De acuerdo con la AT 034 de 2023, el principal riesgo en esta zona del país radica en “el interés del ELN por posicionarse en los territorios que las Farc como fuerza guerrillera y ejercer control sobre la población y la economía local”, lo que genera “modalidades de violencia como el homicidio selectivo, amenazas, desaparición forzada, atentados y reaparición de masacres”.
Según ese documento, San Lucas, Canelos y Villa Flor son algunos de los corregimientos más afectados, así como los jóvenes se convierten en las principales víctimas.
Alerta de la Defensoría sobre el sur de Bolívar
La defensora del Pueblo, Iris Marín, sostuvo a Noticias RCN que las amenazas al orden público en el sur de Bolívar vienen impulsadas por la consolidación de grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de alias Calarcá, los cuales se disputan el control de las economías ilegales en el territorio.
Aunque la defensora asegura que sí se han implementado medidas para manejar la situación tras la alerta de 2023, sostuvo que el panorama es complejo, por lo que requiere acciones específicas y urgentes para solucionar la crisis que tiene a más de 5.000 personas confinadas.
Además, sobre la práctica del uso de drones con explosivos para intimidar a la población civil, la funcionaria agregó que se requieren acciones disuasivas por parte de la Fuerza Pública, así como la judicialización de los responsables de estos ataques.
Finalmente, la defensora reiteró que la medida más urgente en este momento es la asistencia humanitaria para las personas que permanecen confinadas por los combates, así como el restablecimiento de la movilidad, la judicialización de los responsables y la presencia social del Estado para establecer alternativas a las economías ilícitas.
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