Defensoría urge a tomar acciones ante desplazamiento de 500 indígenas en Chocó
Otra comunidad de 300 integrantes estaría en riesgo de desplazamiento si no se adoptan medidas de protección, según la entidad.
Jorge Leonardo Alzate
03:08 p. m.
La Defensoría del Pueblo alertó en las últimas horas, con inmensa preocupación, el desplazamiento forzado de cerca de 500 indígenas de la comunidad Villa Nueva, del corregimiento Jurubidá, en jurisdicción de Nuquí, Chocó.
De acuerdo con la entidad protectora de los derechos humanos en el país, se vieron obligadas a dejar su territorio la tarde del domingo 1 de noviembre, por los constantes enfrentamientos entre los grupos armados en la región.
Días antes, ya habían advertido el “agravamiento de las condiciones de seguridad en la zona, tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva. La disputa territorial entre el Clan del Golfo, autodenominado EGC, y el ELN está poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de las comunidades”.
Grave radiografía del confinamiento y desplazamiento: más de 90.000 afectados en solo seis meses
Desplazados de Jurubidá han tenido problemas para llegar al casco urbano de Nuquí:
Según la entidad, las personas desplazadas han tenido problemas para llegar al casco urbano de Nuquí, en donde planeaban encontrar refugio y la ayuda del Gobierno.
De momento, la gran mayoría se ha estado quedando en la población vecina de Jurubirá, una comunidad “afrodescendiente” en la que se encuentran de tránsito hacia su destino.
Defensoría pide atender a las personas desplazadas y evitar nuevos casos de desplazamiento:
En el comunicado en el que da a conocer las condiciones de los desplazados indígenas de Jurubidá, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional:
“Activen las rutas de atención a víctimas de desplazamiento forzado y aseguren una respuesta institucional oportuna, en coordinación con las autoridades indígenas y las comunidades receptoras”.
También la comunidad de Puerto Indio, integrada por 300 personas, estaría en riesgo de desplazamiento por las condiciones de seguridad en Nuquí. De ahí su petición de adoptar “medidas urgentes de prevención y protección para las comunidades que permanecen en sus territorios (…) ante el riesgo de nuevos desplazamientos”.
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