Delimitación exprés del páramo de Santurbán genera desobediencia civil pacífica en Soto Norte

Las comunidades de los municipios de California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas, que forman la provincia de Soto Norte, entrada principal al páramo de Santurbán, se declararon en desobediencia civil pacífica y congelaron toda interlocución con el Ministerio de Ambiente hasta que el Gobierno saliente de Gustavo Petro finalice, el próximo 6 de agosto, o desista del proceso de delimitación “exprés” del páramo.

Más de 30 organizaciones y 136 Juntas de Acción Comunal advierten que un decreto de última hora los podría condenar a la miseria, viola los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú y desconoce la sentencia T-361 de 2017, en la que Corte Constitucional ampara su derecho a la participación en el proceso de delimitación.

Su veeduría, según advierten a través de un comunicado de prensa, se fundamenta en la defensa del agua, la vida y el derecho a la libre determinación de los pueblos, que ampara la Declaración de Naciones Unidas.

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¿Un mico en la delimitación del páramo de Santurbán del Gobierno saliente?

Ivone González, presidenta del consejo del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca Río Alto, Lebrija, señaló que, “si bien, hoy, recibimos con agrado el desacato que le metió el tribunal de Santander a la ministra, tras una docena de intentos o más, tenemos que hacer una alerta: el Gobierno saliente está intentando meter un mico a la delimitación del páramo de Santurbán”.

Y, en un llamado a la Procuraduría, advirtió que, “en este momento, el Ministerio de Ambiente tiene en consulta una resolución para hacer la delimitación progresiva. En 2022, nosotros solicitamos al Tribunal de Santander y al MinAmbiente que nos hiciera una delimitación parcial y nos dijeron que no, porque el macizo Santurbán no se podía dividir, lo dijo la exministra Susana Muhamad y, en este momento, sí piensan hacerlo”.

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Los pueblos de Soto Norte exigen participar de manera activa en el proceso:

Las comunidades de Soto Norte insisten en que “socializar no es simplemente llenar un listado de asistencia en una reunión”, y que la delimitación exprés que pretende realizar el Gobierno no tiene un sustento técnico participativo de quienes, históricamente, han estado asentadas en el territorio.

Sus esperanzas, de momento, están en el nuevo Gobierno, en el ministro designado Fabio Arjona Hincapie y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, al que hacen un llamado “a que pare todo esto”, advirtiendo que, “este Gobierno, que fue el que más luchó para estar en Escazú, está violando todos sus principios”.