Denuncian crisis humanitaria en cárcel de Quindío: así viven los presos
Más de mil reclusos viven hacinados, sin atención médica ni condiciones mínimas de salubridad.
Noticias RCN
03:18 p. m.
El sistema carcelario vuelve a quedar en evidencia tras una grave denuncia del Ministerio Público, compuesta por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
Ambas entidades advirtieron sobre la situación crítica que atraviesan las personas privadas de la libertad (PPL) en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) Peñas Blancas, ubicado en el municipio de Calarcá, Quindío.
Denuncian crisis humanitaria en cárcel de Quindío: ¿qué está pasando?
De acuerdo con la verificación realizada directamente en el terreno por funcionarios del Ministerio Público, el penal de Calarcá atraviesa una emergencia humanitaria de grandes proporciones.
La falta de atención médica es una de las principales preocupaciones. Desde mediados de marzo no hay un médico contratado para atender a los internos.
Esta carencia se traduce en un represamiento de tratamientos y procedimientos que requieren atención inmediata.
Pero, el impacto más profundo de esta crisis se siente entre la población con enfermedades graves o de alto costo, para quienes la continuidad en el tratamiento es esencial.
Actualmente, en el ERON Peñas Blancas se encuentran reclusos diagnosticados con VIH (17 casos), cáncer (1 caso), diabetes (11), hipertensión (55), tuberculosis (8), infecciones respiratorias agudas (26) y epilepsia (2).
Reportan hacinamiento en cárcel de Quindío
Además del colapso sanitario, el centro carcelario enfrenta un problema estructural de hacinamiento.
A la fecha del reporte, en el establecimiento permanecen 1.194 personas privadas de la libertad, pese a que su capacidad es de solo 950.
Este exceso de población no solo agrava los problemas de atención médica, sino que también repercute en las condiciones de higiene, convivencia y seguridad al interior del penal.
Ahí, una de las situaciones más graves se presenta en el Patio 5A, donde se agrupan personas especialmente vulnerables: adultos mayores, miembros de la población LGBTIQ+ y reclusos con enfermedades de alto costo.
En este pabellón no hay acceso a agua potable. Los internos se ven obligados a abastecerse de un pozo antiguo, sin garantías de que el agua esté libre de contaminación.
Finalmente, las entidades del Ministerio Público reiteraron que las personas privadas de la libertad son sujetos de especial protección constitucional y que, aunque hayan perdido su libertad, no han perdido sus derechos fundamentales.
El llamado es urgente: el Estado debe tomar medidas inmediatas para garantizar condiciones dignas, acceso a la salud y suministro de servicios esenciales como el agua potable.
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