Desmantelan red que estafaba con supuesta venta de bienes del Estado en Valle del Cauca
La red ofrecía a sus víctimas propiedades como casas, apartamentos, terrenos y fincas que supuestamente estaban bajo administración de la SAE.
Noticias RCN
12:48 p. m.
La Fiscalía General de la Nación logró un importante avance al judicializar a cinco personas señaladas de integrar una organización delictiva que habría estafado a ciudadanos mediante la falsa venta de inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
A la cárcel implicados en estafar a ciudadanos con inmuebles administrados por la SAE
Los investigados, identificados como Álvaro José Correa Jaramillo, Gerardo Antonio Carvajal, José Eliécer Torres Camilo, Julio César González Ruíz y Andrés Felipe Herrera Jiménez, enfrentan cargos por concierto para delinquir y estafa agravada.
Según la Fiscalía, los implicados se habrían apropiado de al menos 850 millones de pesos entre junio de 2020 y enero de 2024, afectando principalmente a madres, cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado y fundaciones sin ánimo de lucro.
La red ofrecía a sus víctimas propiedades como casas, apartamentos, terrenos y fincas que supuestamente estaban bajo administración de la SAE.
Para legitimar las estafas, usaban documentos falsificados, incluidos planos topográficos, escrituras públicas y certificados de tradición, además de simular trámites notariales.
El modus operandi incluía el contacto directo con los interesados, a quienes incluso llevaban a visitar los predios para hacer creíble la oferta. Luego, exigían pagos disfrazados de “aportes voluntarios” para cubrir supuestos gastos administrativos.
Las actividades ilícitas se desarrollaban en varios municipios del Valle del Cauca, entre ellos Jamundí, Palmira, Guacarí, Tuluá, Buga y San Pedro.
Red delictiva estafaba a personas con la venta de bienes administrados por el Estado
Durante los operativos realizados por el CTI, en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional, fueron capturados cuatro de los señalados. El quinto fue notificado en un centro penitenciario donde ya se encontraba detenido por otros hechos.
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En los allanamientos, las autoridades incautaron elementos clave para el proceso judicial, incluyendo equipos electrónicos y documentos falsificados con emblemas de entidades estatales.
Aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para tres de ellos, mientras que los otros dos deberán cumplir detención domiciliaria mientras avanza la investigación.
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