Embargo a cuentas del distrito podría frenar vacunación contra el covid en Santa Marta

Un embargo por 13.000 millones de pesos a las cuentas del Sistema General de Participación del Distrito de Santa Marta, hecho por el Hospital Julio Méndez Barreneche, tienen en vilo a 280 trabajadores de la Secretaría de Salud, quienes ejecutan los procesos de atención pública, entre ellos los planes de vacunación contra el covid-19.

Manuel Sánchez, contratista del ente de salud distrital, es uno de los afectados, debido a que los recursos para el pago de sus obligaciones están congelados y hasta el momento es incierta una posible solución.

“Estamos preocupados y también comprometidos con la responsabilidad que tiene el ente territorial de la salud con el tema de la pandemia, pues no podemos negar la preocupación. Algunos compañeros ya han migrado a otras oportunidades laborales por la situación con el embargo”, afirmó Sánchez.

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Los cobros que realiza el Hospital Julio Méndez Barreneche se dan por concepto de facturas derivadas de la prestación de servicios de salud de urgencia a la población vulnerable no asegurada. La Alcaldía indica que en su mayoría son migrantes y que esta parte de la deuda debe ser pagada por el Gobierno Nacional.

“Se están viendo perjudicados alrededor de 280 personas que trabajan en el programa de salud pública y obviamente se está viendo afectada toda la población samaria porque no vamos a poder avanzar en todos los programas de atención si este embargo se mantiene", aseveró la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson.

Manuel, en nombre de los trabajadores de la Secretaría de Salud, hace un llamado a las autoridades para una solución inmediata. “El llamado que hacemos a la Supersalud, al Gobierno Nacional, al Ministerio también que nos dé su apoyo como ente rector y que tengan presente primero que las cuentas del Sistema General de Participación son inembargables, es el peor momento para realizar una situación de embargo cuando estamos en pandemia”.

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Los samarios temen por la vacunación contra el covid-19

Omaira Pedroza, de 63 años, recibió su primera vacuna y está preocupada ante la posibilidad de que el plan de vacunación se paralice y se retrase la aplicación de su segunda dosis.

“Por favor que tengan más en cuenta la salud de nosotros los colombianos, nosotros tenemos que seguirnos vacunando porque es la solución al covid. Esto no se puede paralizar, tiene que continuar. Ellos tienen que ponerse la mano en el corazón y pensar en nosotros, porque necesitamos en realidad la vacuna”, resaltó Pedroza.

Por su parte, Francy Montaña, representante de la Comunidad Dos en Santa Marta, expresó que “esto es un atropello grandísimo en cuanto a la salud pública de los samarios, esto es atentar contra la vida. ¿Cómo van a embargar el dinero para nuestra salud cuando son cuentas inembargables? Algo debemos hacer, debemos protestar ya, porque estamos cansados de tantos atropellos”.

La Alcaldía solicitó un acuerdo de pago

Desde la Alcaldía se presentó una solicitud de acuerdo de pago que no fue aceptada por el Hospital.

“Nosotros les enviamos una comunicación al Hospital Julio Méndez Barreneche en la que les comunicamos que estamos dispuesto a pagar lo que corresponde a la población pobre no asegurada colombiana, ya que lo que corresponde a la población migrante le corresponde al Gobierno Nacional”, aseguró la alcaldesa de la ciudad.

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Sin embargo, la respuesta fue una negativa. Virna Johnson contó que “lo que respondieron fue que no aceptaban ese pago. Nosotros esperamos que el Gobierno gire los recursos que le corresponden a la población migrante para que pueda verse saldada esta deuda.

De otro lado, Luis Óscar Gálvez, gerente del Hospital Julio Méndez Barreneche, aseguró que "el hospital, previo embargo, adelantó todos los trámites de cobros correspondientes para el pago de las facturas adeudadas por el Distrito sin recibir respuesta alguna. En consecuencia y garantizando el debido proceso este hospital inició el cobro coactivo mediante mandamiento de pago del 8 de febrero de 2021 en aras de la protección de los servicios prestado a la población vulnerable".

El Distrito radicó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por presuntas faltas disciplinarias dentro del proceso de cobro coactivo seguido por el hospital. Igualmente se interpuso una queja ante la Superintendencia Nacional Financiera de Colombia por aplicación arbitraria de medida cautelar de embargo por parte de las entidades bancarias que congelaron las cuentas del Distrito.

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