¿En qué va la reforma pensional, tras entrar a análisis de la Corte Constitucional?
Dos congresistas de orillas opuestas extendieron solicitudes al alto tribunal sobre la puesta en marcha de la reforma.
Noticias RCN
10:15 p. m.
En medio del análisis de la Corte Constitucional a la reforma pensional, Noticias RCN conoció las peticiones que dos congresistas de orillas políticas contrarias extendieron al alto tribunal sobre el futuro del sistema.
En la primera, el representante a la Cámara Simón Molina solicita a la Corte que, tras la pérdida de investidura del entonces presidente del Senado, Iván Name, revise el trámite de la reforma por presuntos vacíos que se habrían dado en las sesiones en las que fue debatida:
“Dieciséis sesiones plenarias consideradas relevantes para el trámite de la reforma y señaló que, en catorce de ellas, el entonces presidente del Senado no dirigió integralmente la sesión o cedió su conducción a otros integrantes de la mesa directiva”.
La carta señala, además, un escenario en el que, “mediante tratativas con otros servidores públicos, el entonces senador” se habría valido, “de su condición de presidente del Congreso para obtener dinero, que recibió de otros servidores, so pretexto de apartarse de la dirección del trámite legislativo de la reforma pensional”.
Otro congresista extendió una solicitud sobre la reforma a la Corte Constitucional:
También la senadora Martha Peralta, vinculada al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, extendió una solicitud a la Corte sobre la reforma pensional.
Colpensiones había solicitado al alto tribunal que la reforma entrara en vigor el 1 de abril de 2028 y no desde 2027, como se tenía planeado.
Sin embargo, Peralta solicitó negar su solicitud, “debido a que los elementos aportados no demuestran una imposibilidad material insuperable ni justifican la necesidad y proporcionalidad del aplazamiento solicitado”.
Además, sobre la alerta fiscal que realizó el Ministerio de Hacienda ante los riesgos de implementar la reforma, señaló que “su estimación preliminar es que harían falta cerca de cinco billones de pesos adicionales”. Ambas solicitudes y la viabilidad jurídica del debate que se realizó en el Congreso serán puestas a consideración.
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