Jueces piden claridad sobre el rol de las personas designadas por el Gobierno en paz total

El caso de Jorge Alfonso López ha causado una fuerte polémica entre los jueces de la república, los cuales aseguran y advierten que hay un limbo jurídico sobre los roles que cumplirán las personas designadas por el Gobierno en la denominada ‘paz total’, ya que no se saben si son facilitadores, gestores o voceros de paz en este proceso.

Para los jueces y magistrados encargados de aplicar la Constitución en la ley existe un vacío normativo, el cual da lugar a distintas interpretaciones sobre una norma con relación a la ‘paz total’, teniendo en cuenta lo que sucedió en el caso de Jorge Alfonso López, donde el Gobierno lo designó como facilitador desde un centro de reclusión y luego le da su libertad.

“Le pedimos al Gobierno Nacional que sea claro en el tema de la normatividad que utiliza para el tema de la paz total”, aseguró Hermens Lara, presidente de Corjustica.

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Para las personas judiciales es urgente que el Gobierno aclare el marco normativo para las solicitudes de libertades a personas designadas como voceros, facilitadores y gestores, figuras empleadas en la paz total.

“Esto implica que al momento de interpretar por los jueces se puede presentar equívocos o imprecisiones o irregularidades” afirmó Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial, el cual se mostró molestó por las decisiones tomadas por el Gobierno.

Vale recordar que el marco normativo de la paz total es la ley 2272 del 2022, la cual le permite al Gobierno que designar personas para que cumplan labores de reconciliación y paz.

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Contexto

Jorge Luis Alfonso López, hijo de la empresaria de chance Enilce López, conocida como La Gata, fue dejado en libertad para ser facilitador de paz, después de que en diciembre pasado su nombre fuera puesto por la Oficina del Alto Comisionado para ser parte del proyecto que ha denominado.

“La persona aquí autorizada, como facilitador adelantará las gestiones que guarden relación con lo establecido en el artículo primero de la resolución, siguiendo las orientaciones y en coordinación con el Alto Comisionado para la Paz”, dice el documento.

Después de que el Gobierno hiciera dicha solicitud, un juez tomó la decisión de dejar en libertad a Alfonso López, quien había sido sentenciado a 29 años de prisión por su participación como autor intelectual en el asesinato del periodista Rafael Prins, ejecutado por paramilitares el 19 de febrero de 2005. El Gobierno Nacional como “la paz total”.

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