Exalcalde de Aguadedios, Jorge Humberto Garcés, condenado a cuatro años de prisión por prevaricación
Jorge Humberto Garcés, exalcalde de Aguadedios, enfrenta una sentencia de más de cuatro años por irregularidades en un nombramiento público.
Noticias RCN
02:29 p. m.
Jorge Humberto Garcés Betancourt, exalcalde de Agua de Dios, Cundinamarca, ha sido sentenciado a más de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de irregularidades cometidas durante su administración entre los años 2012 y 2015.
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La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que llevaron al juez a condenarlo por los delitos de prevaricación por acción y abuso de función pública.
Irregularidades en un nombramiento clave
El caso se centra en un nombramiento realizado durante la gestión de Garcés Betancourt, el cual fue otorgado sin cumplir con el proceso legal establecido por la Constitución y la ley. Según la Fiscalía, el exalcalde proveyó un cargo en la Alcaldía de Agua de Dios sin realizar el concurso de méritos requerido. Esta función corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo que convierte el acto en una violación del mandato legal y constitucional.
La evidencia presentada demostró que el procedimiento no solo ignoró las normativas vigentes, sino que también vulneró los principios de transparencia y equidad en la administración pública.
Condena sin beneficios judiciales
El juez encargado del caso negó la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena y la posibilidad de prisión domiciliaria para Garcés Betancourt, quien deberá cumplir su condena en un centro carcelario. Esta decisión envía un mensaje claro sobre las consecuencias de actos ilegales en el ejercicio de la función pública.
Este fallo se suma a los esfuerzos de las autoridades colombianas por combatir la corrupción y garantizar el cumplimiento de las normativas que rigen la administración pública. El caso de Jorge Humberto Garcés sirve como un recordatorio de que la transparencia y el respeto a las leyes son esenciales para el correcto funcionamiento del Estado.
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