Exalcalde de Santa Marta enfrenta cargos por presuntas irregularidades en contratos durante la ley de garantías
Al parecer, el exalcalde habría firmado convenios por más de $1.000 millones durante la vigencia de la ley de garantías.
Noticias RCN
10:21 a. m.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, por presuntas irregularidades relacionadas con la firma de convenios por más de $1.000 millones durante la vigencia de la ley de garantías.
Condenado exalcalde de Bucaramanga por direccionar contratos públicos en beneficio de allegados
Exalcalde firmó convenios por más de 1.000 millones de pesos
Los contratos en cuestión fueron celebrados con la Fundación para el Fortalecimiento del Estado y la Comunidad (FUNDEC) y buscaban implementar acciones para garantizar el bienestar de poblaciones vulnerables en la Localidad Histórica Dos Rodrigo de Bastidas y promover iniciativas de paz en el distrito.
Según el ente disciplinario, dichos convenios se suscribieron de manera directa y en pleno periodo electoral, específicamente cuatro meses antes de las elecciones del 27 de octubre de 2019, contraviniendo las disposiciones de la ley de garantías.
Esta normativa prohíbe la celebración de ciertos contratos durante los periodos electorales para evitar el uso indebido de recursos públicos en beneficio político.
Procuraduría abrió investigación a personero auxiliar de Medellín por presuntas irregularidades
Además, la Procuraduría señaló que los convenios no estaban respaldados por ninguna de las excepciones previstas en la ley, lo que podría indicar un manejo inadecuado de los recursos públicos.
Esto refuerza la hipótesis de que se cometió una falta disciplinaria al realizar una contratación directa prohibida por la normativa vigente.
Detalles de la investigación de la Fiscalía
La Procuraduría Segunda para la Contratación Estatal calificó provisionalmente esta conducta como grave a título de culpa grave.
De comprobarse las irregularidades, Martínez podría enfrentar sanciones que incluyan inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Este caso subraya la importancia de la transparencia en la gestión de recursos públicos, especialmente en periodos electorales, donde las irregularidades pueden comprometer la confianza ciudadana en las instituciones.
La investigación continúa para determinar la responsabilidad definitiva del exmandatario.
Síguenos en Google News
