Exalcalde y exfuncionarios de Sincelejo son acusados por corrupción de contratos

El exalcalde de Sincelejo, Jairo Alfredo Fernández, así como el exsecretario de Salud, Remberto Gómez, y el gerente del Hospital San Francisco de Asís de Sincelejo, Salva Rapag Carmichael, fueron acusados formalmente por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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La acusación hecha por la Fiscalía General de la Nación, tuvo en cuenta la investigación en torno a un contrato celebrado el 19 de marzo del 2015, cuya finalidad era ejecutar programas de seguridad alimentaria, atención integral a enfermedades en la infancia, salud sexual y reproductiva, y salud oral, cuyo monto ascendía a los $420.000.000 por una duración de ocho meses.

En el transcurso de la pesquisa, se descubrió que el exalcalde Fernández habría determinado la entrega del contrato directamente al hospital, sin tener en cuenta el proceso de selección objetiva y la consideración de otras ofertas. Esto benefició directamente al centro de salud sin necesidad de presentar una propuesta formal o un portafolio de servicios con anterioridad.

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Exigencias e incumplimientos del contrato

Según el ente fiscal, el contrato exigía el suministro de refrigerios a niños entre los seis meses y tres años, a mujeres de comunidades vulnerables, indígenas, afrodescendientes y población en condición de desplazamiento. Además, pedía crear un subprograma de madres lactantes, salud sexual, salud mental y oral.

No obstante, se descubrió que el hospital no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con el contrato, por lo que se vio en la obligación de realizar subcontratos que superaron los $572.000.000 para el abastecimiento de medicamentos, alimentos, transporte, material de papelería y publicidad.

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Este documento fue liquidado por el exsecretario de Salud de Sincelejo, quien habría dado luz verde a la adjudicación sin contar con los soportes de las actividades supuestamente ejecutadas por el hospital. 

Debido a estos hechos, la Fiscalía estableció una violación dolosa a los principios de selección objetiva, planeación, responsabilidad, economía, transparencia y publicidad, al imponer el interés particular sobre las normas de contratación pública.