Ferrocarriles del Pacífico deberá pagar cerca de $100.000 millones tras fallo a favor de la ANI
El fallo respalda la decisión de la ANI y obliga al concesionario férreo a pagar una millonaria suma por incumplimientos en el servicio y mantenimiento de la infraestructura.
Noticias RCN
09:21 p. m.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de declarar la caducidad del contrato de concesión de Ferrocarriles del Pacífico (FDP) y ratificó que la empresa deberá pagar $97.969 millones por los perjuicios ocasionados. La determinación judicial pone fin a un proceso que se extendió por más de seis años.
La controversia se originó en 2019, cuando la ANI expidió la Resolución 1685 del 12 de noviembre, mediante la cual declaró la caducidad del contrato No. 09-CONP98 por incumplimientos graves. Posteriormente, esa decisión fue confirmada en mayo de 2020. Frente a estas medidas, FDP presentó una demanda para anular las resoluciones y reclamar una indemnización.
¿Por qué se declaró la caducidad del contrato?
Según la ANI, Ferrocarriles del Pacífico incumplió obligaciones fundamentales del contrato de concesión. Entre ellas, la adecuada prestación del servicio de transporte de carga, el mantenimiento y conservación de la infraestructura férrea entregada y el cuidado de los equipos ferroviarios.
Tras analizar el caso, el Tribunal concluyó que la ANI actuó dentro de sus competencias legales y que respetó el debido proceso durante el trámite administrativo. Es decir, determinó que la entidad tenía la facultad para declarar la caducidad del contrato ante los incumplimientos detectados.
El fallo y sus implicaciones
En su decisión, el Tribunal negó todas las pretensiones de FDP, que buscaba la nulidad de los actos administrativos, el restablecimiento del contrato y la reparación de los daños alegados. Con esto, se mantiene en firme la obligación de pagar $97.969.201.936 a la ANI por los perjuicios causados.
El presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, destacó que el fallo confirma la competencia de la entidad para actuar frente a incumplimientos contractuales. Por su parte, el vicepresidente jurídico, Ariel Lozano Gaitán, subrayó que durante el proceso se garantizó el respeto a las garantías constitucionales del concesionario.
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca refuerza el control sobre las concesiones de infraestructura de transporte y confirma que las entidades del Estado pueden declarar la caducidad de un contrato cuando se presentan incumplimientos graves en la ejecución de sus obligaciones.
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