Fiscalía anuncia el desarchivamiento de investigaciones contra altos mandos militares

En diálogo con José Manuel Acevedo, subdirector de Noticias RCN, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió a las investigaciones que se adelantan desde la entidad para esclarecer el escandalo de los perfilamientos a periodistas por parte de miembros de Inteligencia y contrainteligencia militar.

Barbosa señaló que serán llamadas, con el ánimo de ayudar a develar lo que hay tras las irregularidades, a algunos de los periodistas víctimas de los perfilamientos, e incluso también se citará al investigador y al director del medio de comunicación que revelaron el escándalo.

A su vez, el funcionario dio a conocer que actualmente se estudia el desarchivamiento de algunas investigaciones que otrora cursaron en contra de altos oficiales de las fuerzas militares.

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Serán, según Barbosa, cerca de 98 investigaciones que a su vez serán revisadas con el ánimo de esclarecer algunos de los hechos allí descritos.

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La Fiscalía, según su cabeza, planea también llamar en las próximas semanas a interrogatorio, en calidad de indiciados, a más generales de la República, hablando del caso puntual del excomandante Mejía.

Anticipó que la Fiscalía trabaja en la formulación de órdenes de captura contra generales que se vieron inmersos en casos de corrupción al interior del Ejército Nacional, señalando que en aproximadamente un mes y medio, el país podrá conocer las decisiones por parte del órgano frente a dichas investigaciones.

En el marco de la actual pandemia, Barbosa también abordó la problemática de los centros cárcelarios, la demora con el proceso de excarcelación, y la “papa caliente de las URI” en ciudades como Bogotá.

Sobre el particular, el fiscal General de la Nación señaló la presunta irresponsabilidad por parte de los gobernantes locales en la administración de los situos de reclusión de aquellos detenidos de forma preventiva.

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Según Barbosa, “no es correcto atribuir la responsabilidad exclusiva al Ministerio de Justicia”, manifestando especial atención en los casos de Bogotá y Popayán.

Recordó que locaciones como las URI, unidades de reacción inmediata, están previstas para detenciones de hasta 36 horas, y que se están mal utilizando.  

Hace un llamado a las autoridades locales para responsabilizarse en la correcta disposición de dichos lugares, y advierte que “no puede decirle a la gente que no tengo donde guardar a los delincuentes, ladrones y hasta feminicidas”.