General Flavio Buitrago, llamado a juicio por lavado de activos

La Fiscalía General llamó a juicio al exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, general retirado Eduardo Buitrago Delgadillo y a su esposa Elba Pulido Solano, por cargos relacionados con supuestos nexos con el narcotráfico.

La decisión fue adoptada por un Fiscal de la Dirección de Fiscalía Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, quien coordina la investigación en contra del oficial.

De acuerdo con la decisión judicial, el general Buitrago tendrá que responder por la posible autoría en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que Pulido Solano lo hará por enriquecimiento ilícito de particulares.

La investigación contra el oficial se derivó de la iniciada en contra del narcotraficante Marco Antonio Gil Garzón, alias “El Papero”, quien fue condenado a seis años de prisión luego de que aceptará su responsabilidad en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Entre las pruebas que la Fiscalía tuvo en cuenta para tomar la decisión de llamar a juicio al general retirado, se destacan las declaraciones del desmovilizado jefe del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, extraditado a los Estados Unidos y quien aseguró que el entonces coronel Buitrago, que hacía parte del Comando de Policía de Antioquia, estaba dentro de la nómina de su organización.

La Fiscalía también tuvo en cuenta la versión de Jaime Dib Mor, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, quien afirmó que alias El Papero le presentó al entonces coronel Buitrago en Bogotá cuando estaba vendiendo su apartamento, negociación que nunca se realizó y que de ahí en adelante fueron varias las oportunidades y reuniones sociales en que los vio juntos.

Con base en estas declaraciones y otra serie de pruebas documentales recaudas durante la investigación, la Fiscalía concluyó que existen evidencias claras y contundentes que muestran un incremento patrimonial injustificado y la posible comisión del delito de lavado de activos.

Frente a la petición de la Procuraduría de anular la investigación por posible violación al debido proceso, al considerar que el proceso debió realizarse por el nuevo sistema penal acusatorio y no por ley 600, la Fiscalía concluyó que no era posible, ya que ésta se inició antes de que existiera el nuevo sistema, con la vinculación al proceso de Mor Saab y Gil Garzón, por hechos que datan de la década de los 90.