Gobierno dice no apoyar proyecto de ley que buscaría censurar a medios de comunicación

El ministro del Interior negó que el Gobierno impulse el borrador del proyecto de "Ley Estatutaria de Garantías de Participación Ciudadana", que fue elaborado por organizaciones sociales y que buscaría censurar a la prensa. (Ramírez advierte "censura como regla general" de aprobarse "Ley de Garantías de Participación Ciudadana").

"El Gobierno Nacional jamás ha pensado en presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que involucre censura a los medios de comunicación o expropiación de los medios de comunicación", dijo Guillermo Rivera, ministro del Interior.

"Este es un gobierno que respeta la libertad de prensa, que la protege", apuntó.

A través de una carta enviada a diversos medios de comunicación, la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez advirtió que la libertad de prensa se vería amenazada de aprobarse el proyecto de "Ley Estatutaria de Garantías de Participación Ciudadana".

Dicho proyecto de ley, es producto de lo acordado con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.

Según la líder conservadora, la ley "permitiría la expropiación de licencias, frecuencias y equipos de comunicaciones y puede llegar a instaurar la censura como regla general".

"Se proyecta la censura como regla general, para que los miembros de las Farc resulten intocables, puesto que a la exoneración de responsabilidades jurídicas y políticas que les provee el Acuerdo, se agrega la inmunidad social a sus graves crímenes".

Además, Marta Lucía Ramírez señaló que en los artículos 52 y 53 "se obliga a los medios de manera especial, a consultar como fuente a las organizaciones y movimientos sociales y a sus líderes, pues de no hacerlo se configurarán sanciones al medio".

"A su vez, se consagra el derecho a la réplica por cualquier pronunciamiento público que se haga sobre dichas organizaciones y se deberá transmitir por todos los medios de comunicación", advirtió la conservadora.

De igual forma, en la ley, según lo expuesto por la precandidata, se establece "la prohibición para cualquier servidor público de realizar señalamientos o brindar informaciones respecto de los miembros de grupos sociales y de las Farc".

"Las investigaciones periodísticas tendrán que estar avaladas por los movimientos sociales, so pena de sanción y réplica", se apunta en el texto.

NoticiasRCN.com