Gobierno solicitó suspender órdenes de captura a líderes de las Autodefensas de la Sierra Nevada

Alias Pinocho y otros integrantes de las Autodefensas serían voceros en los acercamientos sociojurídicos con el fin de avanzar en el proceso de paz total, bajo el marco legal establecido por la Constitución.


Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 06 de 2024
09:49 a. m.
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El Gobierno de Colombia solicitó la suspensión de las órdenes de captura contra Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias Pinocho, uno de los principales jefes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

Esta medida, inscrita en el marco de los procesos de diálogo y sometimiento a la justicia establecidos por la Ley 2272 de 2022, busca facilitar la participación de "Pinocho" y otros líderes de la organización armada en las negociaciones que se adelantan para su desmovilización y transición hacia la legalidad.

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Cabe recordar que, alias Pinocho ha sido durante años una de las figuras más influyentes dentro de las ACSN, grupo armado implicado en diversos crímenes como el narcotráfico, la extorsión y el control territorial en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Su rol como líder dentro de esta estructura criminal ha sido ampliamente documentado, y su captura ha sido una de las prioridades de las fuerzas de seguridad del Estado.

Sin embargo, su participación en las conversaciones de paz es vista por el Gobierno como una oportunidad para desmantelar una de las organizaciones más poderosas de la región.

Gobierno solicitó suspender órdenes de captura a líderes de las Autodefensas de la Sierra Nevada

El 17 de julio de 2024, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, bajo la dirección de alias "Pinocho", enviaron una solicitud formal al consejero Comisionado de Paz, expresando su disposición para iniciar un diálogo con el Gobierno.

El objetivo principal de estas conversaciones sería acordar los términos para su sometimiento a la justicia y su reintegración a la vida civil, dentro del marco de los esfuerzos del Gobierno para alcanzar una paz integral en el país.

Alias "Pinocho", cuyo nombre ha sido sinónimo de terror en muchas comunidades rurales de la Sierra Nevada, ha comandado las operaciones del grupo durante varios años.

Su influencia ha sido clave en la consolidación de las ACSN como una de las estructuras armadas más poderosas de la región, pues es conocido por su habilidad para el control territorial y su mano dura para mantener la disciplina dentro de la organización.

“Pinocho" a su vez, ha sido objeto de numerosas investigaciones por su responsabilidad en delitos como asesinatos, secuestros, tráfico de drogas y desplazamientos forzados. Estas actividades le han generado una orden de captura nacional e internacional, lo que hace de su posible inclusión en el proceso de paz una decisión controversial.

Aun así, el Gobierno, con el respaldo de la Ley 2272 de 2022 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha solicitado que las órdenes de captura contra alias "Pinocho" sean suspendidas temporalmente para permitir su participación en los diálogos de paz.

La Ley 2272 de 2022, que regula los procesos de negociación y sometimiento de grupos armados, permite la suspensión de órdenes de captura en aquellos casos en los que los miembros de las organizaciones criminales involucradas en las negociaciones muestran disposición real para desmovilizarse y someterse a la justicia.

Alias Pinocho y otros de sus integrantes serían voceros de paz

En el caso de "Pinocho", el Gobierno ha argumentado que su rol como líder indiscutido de las ACSN lo convierte en una figura clave para el éxito del proceso.

Sin su participación, las posibilidades de que el grupo completo acceda a un desmantelamiento efectivo se ven reducidas.

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Por ello, el consejero Comisionado de Paz ha justificado la necesidad de frenar temporalmente su captura, bajo la premisa de que esta medida facilitará el desarrollo de las conversaciones y la eventual transición de las ACSN hacia la legalidad.

¿Cómo sería justificada las suspensión de las órdenes de captura?

El Gobierno de Colombia ha fundamentado su solicitud de suspensión de las órdenes de captura contra alias "Pinocho" y otros miembros de las ACSN en varias disposiciones legales y constitucionales.

En primer lugar, se apoya en los artículos 2, 22, 93 y 189 de la Constitución Política, que establecen que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y otorgan al Presidente de la República la potestad de conservar el orden público en todo el territorio nacional.

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Además, aparece la Ley 2272 de 2022, que regula los procesos de negociación y sometimiento de grupos armados al margen de la ley, contemplando la posibilidad de suspender las órdenes de captura en aquellos casos donde se verifique una voluntad real de desmovilización y sometimiento a la justicia, como en este caso.

La Sentencia C-525 de noviembre de 2023 también juega un papel importante en este contexto, pues en esta, la Corte reafirmó que los acercamientos y conversaciones con fines de sometimiento a la justicia se enmarcan en el mandato constitucional del Presidente de conservar el orden público, y avaló la posibilidad de suspender órdenes de captura siempre que se cumplan ciertos requisitos, entre ellos la justificación del Gobierno y la valoración judicial de la medida.

¿Cuáles podrían ser los desafíos en el proceso de paz con la Autodefensas de la Sierra Nevada?

El proceso de paz con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, y en particular la participación de alias "Pinocho", presenta una serie de desafíos, ya que, por un lado, está la preocupación de las víctimas, que temen que la suspensión de las órdenes de captura conduzca a la impunidad.

Mientras que, por otro, el Gobierno debería equilibrar las demandas de las víctimas con la necesidad de avanzar en los diálogos.

La inclusión de "Pinocho" como vocero en el proceso de paz es vista por muchos como un riesgo, dado su historial delictivo, pero el Ejecutivo sostiene que sin su participación, las probabilidades de éxito del proceso disminuirían.

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Finalmente, el futuro del proceso depende en gran medida de la capacidad del Gobierno para manejar los intereses contrapuestos de las víctimas, las comunidades afectadas y los grupos armados en negociación.

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