Reporte de la Defensoría del Pueblo señala que en Colombia las protestas han aumentado en un 72 %

Estos dos primeros meses del año han marchado desde taxistas, hasta médicos pasando por indígenas, campesinos y mineros entre otros. Pero a pesar de que la mayoría de las protestas han sido pacíficas también es preocupante el aumento en las vías de hecho, indígenas invadiendo fincas, campesinos secuestrando policías y supuestos mineros quemando ambulancias.

“El gobierno del presidente Gustavo Petro ha ofrecido que no atacará la protesta social, no la militarizará como hacía en gobiernos anteriores. La primera respuesta no será la represión sino los funcionarios del gobierno que van a negociar esa protesta, entonces las comunidades están aprovechando esto”, dijo León Valencia, director de Fundación Paz y Reconciliación.

En promedio han sido 4 eventos de conflictividad social al día. Lo dice la propia Defensoría del Pueblo quien ha participado como mediador en la mayoría de estos hechos.

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“La conflictividad social ha venido creciendo en las últimas semanas, en diferentes regiones del país y las autoridades gubernamentales no deben postergar la constitución de los espacios de diálogo que las comunidades vienen demandando”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Tras conocerse que el denominado paro minero que estaría siendo financiado, en parte por el Clan del Golfo como lo demuestran algunas imágenes de personas entregando dinero a quienes después se vieron en los bloqueos, el mandatario de los colombianos pareciera cambiar de tono con esta organización criminal con la que sostiene acercamientos.

“Si el Clan del Golfo está detrás de los bloqueos, entonces no quiere la paz como dijo. La paz implica el desmantelamiento de las economías ilegales”, indicó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter.

“Andan presionándonos para que cojamos con los fusiles a masacrar manifestaciones de la población civil. Eso no lo vamos a hacer nosotros”, señaló Petro.

Por otro lado, León Valencia puntualizó que “ahí la minería criminal que aprovecha el momento para ejercer una presión grande del gobierno para mantener esa explotación infame con el medio ambiente, pero que da grandes réditos a estas organizaciones mafiosas”. 

Para analistas, el aumento en la conflictividad social de las últimas semanas que genera hechos como el de la ambulancia incinerada en Caucasia pone al Gobierno bajo presión, aunque el presidente tenga como premisa el diálogo.

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Camilo González, presidente de Indepaz, apuntó que “las protestas siguen por supuesto porque hay muchas necesidades de la población, grandes expectativas frente a un Gobierno que se ha anunciado como social, democratizante y hay algunas reacciones por disputas y control poblacional”. 

Para expertos, el aumento en las dinámicas de conflictividad social se debe también en parte a los incentivos y acuerdos logrados con otros actores sociales.

Para el politólogo, Fernando Posada “cuando Petro fue jefe de oposición gran parte de su estrategia fue convocar protestas y paro de toda índole, ese ambiente de agitación se mantiene y para muchos sectores la protesta quedo siendo el mecanismo predilecto para ser escuchados”. 

En medio de este panorama, los diferentes gremios económicos del país han expresado su preocupación, pues los bloqueos de vías y ataques a la infraestructura energética generan un impacto directo en el abastecimiento de alimentos y prestación de servicios básicos a los colombianos.

Así pues, la estadística llama la atención si se compara con el mismo periodo pero del año pasado. Mientras que entre enero y febrero de 2022 se registraron 124 protestas, en el mismo periodo, pero de 2023 ya van 214 eventos, lo que quiere decir que hay un incremento del 72,6%.2.

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