Colombiajunio 03, 2022hace 2 meses

Corte ordenó a Arquidiócesis de Antioquia entregar documentos sobre casos de pederastia

El periodista Juan Pablo Barrientos ganó una tutela contra la Arquidiócesis, luego de que se negaran a responder sus peticiones investigativas.

Iglesia deberá entregar archivos sobre pederastiaIglesia deberá entregar archivos sobre pederastia/Foto: Pixabay.

La Corte Constitucional falló a favor de una tutela presentada por el periodista Juan Pablo Barrientos, autor de una serie de libros sobre presuntos casos de pederastia en la iglesia católica colombiana, en contra de la Arquidiócesis de Antioquia.

En el fallo, la Corte ordenó a la Arquidiócesis de Antioquia responder, en un plazo de 48 horas, las peticiones presentadas por Barrientos en el 2021, en las que requería información sobre 915 sacerdotes de la iglesia.

Cabe recordar que esta información, solicitada en febrero del 2021 por el periodista, incluye además archivos sobre denuncias, medidas adoptadas por la iglesia y presuntas acusaciones de pederastia.

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No obstante, la iglesia se negó a presentar los archivos, argumentando que de los 915 sacerdotes solicitados por Barrientos, 185 habrían fallecido, y otros más no pertenecerían a dicha Arquidiócesis. 

“La Arquidiócesis de Medellín efectivamente desconoció el derecho de petición de información al no entregarle datos semiprivados que tiene en sus archivos sobre sacerdotes probablemente implicados en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”, aseguró la Corte.

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¿Por qué es importante este caso?

Para la Corte Constitucional, el trabajo de Barrientos está íntimamente relacionado con el bienestar y la protección de niños, niñas y adolescentes, al tratarse de presuntos casos de pederastia al interior de la iglesia católica.

Por tanto, la información solicitada por el periodista ha sido calificada de importancia constitucional, agregando que los titulares de los datos son personas de relevancia social, al ser sacerdotes de una comunidad religiosa.

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Si se trata de una persona con relevancia social por su posición o cargo, es aún más claro que hay menos restricciones para acceder a información relativa a violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

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