Investigan a funcionarios de la DIAN por dejar vencer deuda fiscal de $44 mil millones: ¿de qué se trata?
La alerta había sido emitida desde agosto de 2024 por la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.
Noticias RCN
10:00 a. m.
La Procuraduría inició una actuación disciplinaria que podría revelar serias fallas administrativas en el interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
En el centro del escándalo se encuentra una deuda fiscal por más de 44 mil millones de pesos que habría prescrito por inacción de funcionarios públicos, lo cual podría representar un grave detrimento patrimonial para el Estado.
Investigan a funcionarios de la DIAN por dejar vencer deuda fiscal de $44 mil millones
La Delegada para la Economía y la Hacienda Pública del órgano de control abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la DIAN, luego de que un medio de comunicación publicara una denuncia sobre presuntas irregularidades en el manejo de una deuda tributaria de gran cuantía.
Según el reporte, no se habrían realizado las actuaciones necesarias para interrumpir el proceso de prescripción, lo cual permitió que el tiempo legal venciera sin que se concretara el cobro.
Desde agosto de 2024, la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) venía emitiendo advertencias reiteradas sobre el riesgo de que la deuda quedara en firme sin posibilidad de ser cobrada.
A pesar de las alertas institucionales, la DIAN no habría expedido el mandamiento de pago, una acción clave para detener la prescripción y salvaguardar los recursos públicos.
¿En qué consiste la investigación abierta a funcionarios de la DIAN?
La Procuraduría ya ordenó la recolección de pruebas orientadas a establecer los hechos, verificar si existió una omisión dolosa o negligente y determinar quiénes serían los responsables de haber dejado vencer la obligación.
Las pruebas también buscarán identificar la cadena de decisiones internas que condujo a la presunta pérdida de la posibilidad de recaudo.
El órgano de control advirtió que esta investigación se enmarca dentro de su función constitucional de proteger el patrimonio público y velar por la transparencia en la gestión estatal.
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