Informe de la Comisión de Seguimiento alerta recrudecimiento del conflicto armado en municipios PDET
El inicio del año estuvo marcado por el desplazamiento de 60.000 personas en la zona del Catatumbo, reflejando la magnitud de la crisis.
Noticias RCN
09:35 a. m.
La Comisión de Seguimiento a la Paz presentó un informe que alerta sobre el deterioro de la situación humanitaria en Colombia durante 2025, calificándolo como el año con la crisis más grave de las últimas dos décadas.
El documento señala un incremento en desplazamiento forzado, confinamiento de comunidades y violaciones al derecho internacional humanitario.
¿Cuáles son los municipios que actualmente concentran la violencia en Colombia?
Según el informe del Comité de Seguimiento a la Comisión de la Verdad, el conflicto armado estaría recrudeciendo, especialmente en los municipios priorizados tras la firma del Acuerdo de Paz. El 70% de los delitos se concentran en estas zonas que, paradójicamente, fueron identificadas como prioritarias para la implementación de la paz.
El año 2025 cerró con la cifra más alta de desplazamientos forzados en 18 años. Más de un millón de personas fueron confinadas por grupos armados en diferentes regiones del país. El inicio del año estuvo marcado por el desplazamiento de 60.000 personas en la zona del Catatumbo, reflejando la magnitud de la crisis.
Las cifras de violencia son alarmantes: se registraron 527 casos de extorsiones y secuestros, 426 personas resultaron afectadas por explosivos y ocurrieron 75 masacres en el territorio nacional. Estos hechos victimizantes se concentran principalmente en los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).
El informe advierte que "hay crisis humanitaria porque hay conflictos armados persistentes y hay dinámicas de violencia estructural persistente y hay todavía un déficit muy grande de garantía de presencia del Estado para proteger a los pobladores".
Reparación de víctimas podría tardar más de dos décadas
Uno de los hallazgos más preocupantes del documento es que la reparación integral para las víctimas, luego de la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), podría tardar hasta 26 años. Los planes de reparación colectiva enfrentarían este mismo tiempo de espera, lo que evidencia las dificultades en la implementación de los mecanismos de justicia transicional.
La situación revela la persistencia de dinámicas de violencia estructural y la ausencia de presencia efectiva del Estado en territorios estratégicos, poniendo en riesgo la vida y seguridad de comunidades enteras que esperaban beneficiarse de los acuerdos de paz firmados hace años.


