“Proteger a los menores instrumentalizados”: vicealmirante Amézquita sobre operaciones militares

En medio de la polémica que surgió tras el anuncio del ministro de Defensa, Iván Velásquez, de suspender los bombardeos contra campamentos de grupos ilegales en el país para proteger a los menores que son reclutados de forma ilegal; el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, vicealmirante José Joaquín Amézquita, se pronunció.

En entrevista con Blu Radio, Amézquita aseguró que el objetivo de esta medida es “proteger a los menores instrumentalizados por los grupos armados organizados” y que terminan siendo víctimas fatales de los bombardeos y ataques contra campamentos.

Además, el vicealmirante recalcó que incluso las operaciones terrestres se tendrán que reajustar, en caso de que haya presencia de menores de edad.

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Sobre los alcances de supervisión que tendrán las tareas de la Fuerza Pública en contra de los grupos guerrilleros y delincuenciales, el jefe de Estado Mayor Conjunto indicó a Blu Radio que “se hará un análisis para tomar las decisiones que protejan la vida de la ciudadanía en general”.

Hay situaciones particulares, por ejemplo combates de encuentro, en donde nuestra gente busca también preservar su vida, pero por supuesto el cumplimiento de la misión. Tenemos que seguir desarrollando mecanismos que nos permitan proteger a los menores que resultan instrumentalizados.

Cabe recordar que más de 20 menores han sido víctimas también de los ataques contra estructuras al margen de la ley en el país, en los últimos cuatro años, por lo que el nuevo Gobierno se ha propuesto mermar las represalias que puedan afectar a quienes fueron reclutados de manera ilegal.

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La polémica por la suspensión de bombardeos

En promedio, cada año se realizan diez bombardeos en el país contra grupos armados ilegales en los que han caído varios jefes guerrilleros, pero también menores de edad, sin embargo, hay varias opiniones encontradas sobre el reciente anuncio del ministro Velásquez.

Por un lado, exintegrantes de las Fuerzas Armadas han asegurado que esto deslegitima el uso de la fuerza del Estado y que podría incentivar un marco de “ilegitimidad” de las operaciones que son parte de la lucha contra las guerrillas y la delincuencia.

No obstante, algunos expertos han señalado que esta decisión va en “buen camino” y en coherencia con la preservación de la vida, al buscar proteger a los menores que son reclutados y llevados a la guerra de manera ilegal y arbitraria.

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