JEP investigará casos de discriminación y violencia a víctimas de reclutamiento LGBTI

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura de una investigación más dentro del caso 07, relacionada con las discriminaciones y violencias ejercidas sobre niñas y niños con orientación sexual, identidad o expresión de género diversa, en el marco del reclutamiento durante el conflicto armado.

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La decisión fue tomada luego de reconocer a 400 víctimas dentro del proceso de caracterización, en donde se encontró que 68 de ellas habían sufrido diferentes tipos de violencia sexual y de género luego de ser reclutadas durante su infancia.

“La Sala ha encontrado un llamado concreto a visibilizar las experiencias de vida, las demandas de justicia y las afectaciones sufridas, y hasta hoy silenciadas, de víctimas de reclutamiento que tienen una orientación sexual diversa. Ellos y ellas, por primera vez en su vida, se acercan a un sistema de administración de justicia a contar su historia. Para responder adecuadamente a sus necesidades, estas violencias se analizarán como una sub-línea en la investigación de violencia sexual y de género”, expresó la magistrada Rueda de la JEP.

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Avances en caso sobre reclutamiento de menores

Desde la apertura del caso, 400 víctimas han sido acreditadas por la JEP, de las cuales 216 fueron reclutadas siendo menores de edad y las 184 restantes son familiares de los niños y niñas raptadas. Entre estos casos, 98 han sido enviados a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con el fin de contribuir con la búsqueda e identificación.

Por otra parte, en este momento hay 46 cuerpos recuperados del cementerio La Unión Peneya, en Caquetá, que podrían corresponder a niños, niñas y adolescentes reclutados.

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Asimismo, 68 de las víctimas acreditadas han puesto en conocimiento de la Sala haber sido víctimas de violencia sexual y de género, en donde prevalecen casos de aborto forzado, anticoncepción forzada y acceso carnal violento o abusivo.

Existen también 98 documentos que dan cuenta de desapariciones forzadas a niños y niñas, en donde además se encontraron 87 casos que podrían configurar homicidios, torturas y demás tratos crueles ejecutados al interior de las filas de las Farc-EP.

“El 30,12% de las víctimas acreditadas sufrieron estas violencias en el Meta, el 15,06% en Caquetá y el 8,43% en Guaviare. Esto es coherente con la ruta de priorización definida previamente por la Sala en los autos 159 y 269 de 2021, en donde decidió iniciar la investigación en los departamentos en donde tuvieron presencia los bloques Oriental y Sur de las extintas Farc-EP, es decir, en Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas”, indicó la JEP.