Jurisdicción Especial para la Paz admitió al exgobernador de Sucre Salvador Arana

A través de un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)informó que acoge la solicitud, presentada el pasado mes de febrero, por el exgobernador de Sucre Salvador Arana, quien por este medio aceptaba acogerse a los lineamientos y el tribunal de la Justicia Especial para la Paz.

La solicitud de Arana responde a la modalidad de agente estatal no miembro de la fuerza pública, y por los delitos cometidos durante su paso por la gobernación de mencionado departamento entre los años 2001 y 2003.

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Arana está vinculado con múltiples crímenes como desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación, de los cuales ya fue juzgado por la Corte Suprema de Justicia, tribunal que le había señalado una pena de 40 años de prisión.

En su comunicado, la JEP, a través de su sala de sometimiento, señala que decidió atender la solicitud de Arana, en tanto el sustento del exmandatario “cumple con los factores de competencia que le dan vía a su admisión en la jurisdicción, pues fueron cometidos "con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, y se determine que fueron cometidos en favorecimiento del interés de grupos paramilitares que operan en la región.

Sin embargo, la JEP también se pronunció frente a la solicitud de libertad condicional hecha por Arana en el marco de su petición de sometimiento, negando dicho beneficio.

Esta misma tarde se dio a conocer la reacción a dicho sometimiento, por parte de la Corte Suprema de Justicia, que calificó a Arana de “paramilitar puro”, señalando que no obró como dirigente al servicio de los paramilitares, sino como paramilitar infiltrado en la administración pública.

El alto tribunal criticó a la JEP por aceptar en su jurisdicción a sentenciados por otras instancias judiciales.

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Sobre el particular, la JEP expresó respeto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y señaló que respeta los recursos que este tribunal interponga ante la Corte Constitucional con el objeto de dirimir el conflicto de jurisdicción.