Karen Abudinen pide ser reconocida como víctima en proceso contra los representantes de Centro Poblados

El escándalo que llevó a que el presidente de la República, Iván Duque, exigiera la renuncia a la entonces ministra TIC, Karen Abudinen, tendrá un nuevo episodio en las instancias judiciales.

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Y es que este miércoles, la defensa de Abudinen, conformada por el abogado Jaime Lombana, radicó una petición en la que argüirá que, la entonces ministra y sus funcionarios, fueron engañados por los contratistas, quienes al momento de presentarse relacionaron documentos falsos de bancos y aseguradoras.

Según la Fiscalía, la Unión Temporal Centros Poblados (UT) -conformada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería de Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intc de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S- pese a no cumplir con las exigencias, obtuvo el contrato avaluado en 1,7 billones de pesos.

Sin embargo, será el juzgado 53 de control de garantías de Bogotá quien tomará la decisión y evaluará, si se cumplen o no, los requisitos presentados por Lombana para que Abudinen pueda continuar esta indagación como víctima en el proceso.

Aparte de la defensa de la exministra, la decisión del togado deberá tener en cuenta las intervenciones y conceptos de los sujetos procesales, entre los que figuran la Fiscalía, la Procuraduría y los abogados de los tres detenidos-Emilio, Tapias, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde- hasta el momento.

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Pese a haber recibido un adelanto de 70 mil millones de pesos para poder adelantar en el norte del país los primeros trabajos de conectividad en las escuelas rurales, dichas labores fueron incompletas y varias de las instalaciones realizadas no obedecían a una función clara.

Teniendo en cuenta que los contratistas presentaron documentos falsos, la Fiscalía General de la Nación aduce que los contratistas “indujeron al error” a los empleados de MinTIC que fectuaron la revisión de los documentos y que permitieron la entrega del millonario contrato.

Los capturados

El 20 de septiembre, en el marco de una diligencia adelantada por efectivos del CTI de la Fiscalía, fue capturado, en la ciudad de Barranquilla, Emilio Tapias, empresario involucrado en el escándalo de corrupción del carrusel de contratación en Bogotá.

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De igual modo, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales el empresario Juan Fernando Duque, representante legal de la UT, por parte del contrato que derivó en un detrimento patrimonial de cerca de 70.000 millones de pesos.

Asimismo, la Fiscalía confirmó la aprehensión de Juan José Laverde Martínez, quien estaría vinculado con Rave Seguros, firma que contrató la póliza con el Banco Itaú, la cual habría terminado siendo falsa, y una de las piezas clave para la develación de las irregularidades.