La Contraloría calificó como “inefectiva” la gestión de la Sociedad de Activos Especiales

La entidad señaló en un comunicado que la administración de bienes extintos y en proceso de extinción, no mejora.


La Contraloría calificó como inefectiva la gestión de la Sociedad de Activos Especiales
Foto: Contraloría General de la República - Contraloría

Noticias RCN

diciembre 28 de 2019
07:58 p. m.
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En un comunicado de la Contraloría General de la República la entidad informó sobre el balance “poco alentador” sobre la gestión que adelanta la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE) como administradora de los bienes que se encuentran extintos o en proceso de extinción de dominio.

La Contraloría concluyó que “la gestión de la SAE “es inefectiva” respecto de la administración de los bienes inmuebles con medidas cautelares.

El organismo de control determinó 27 hallazgos administrativos, 16 de los cuales tienen incidencia fiscal por valor total de $8.157.953.409 y están originados precisamente en la falta de gestión de la SAE en la recuperación de los recursos obtenidos por concepto de la productividad de los bienes del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) que administra.

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En el comunicado asegura que “si bien la SAE ha implementado mecanismos de control y seguimiento con el objeto de minimizar los riesgos en la productividad de los bienes inmuebles, estas no han sido efectivas ni suficientes, por cuanto se determinó que aproximadamente $2.655 millones se están quedando en manos de terceros y no están ingresando al Frisco”.

La Contraloría estableció, igualmente, la existencia de bienes respecto de los cuales se ha perdido la titularidad, por falta de diligencia y cuidado de la SAE en su administración.

Señala también que, “en las visitas de campo realizadas por la CGR, se definió que los inmuebles que la SAE registra en estado de “ocupación ilegal”, son aquellos que no tienen formalizado un contrato de arrendamiento”. Y añade que “en mucho de estos inmuebles los ocupantes son de buena fe y muestran interés en realizar el proceso de normalización y legalización de la ocupación y la SAE no es oportuna y diligente en el trámite correspondiente, situación que dilata el recaudo de la posible productividad generada, conllevando directamente a un riesgo de pérdida de los recursos públicos”.

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