Ante los presuntos casos de abuso sexual a menores, la Defensoría del Pueblo le hizo un pedido al Gobierno

La Defensoría del Pueblo, mediante su comunicado 570 del 7 de abril, mostró una gran preocupación por los constantes casos de presunto acoso sexual que se vienen presentando en los entornos escolares y le solicitó al Gobierno Nacional que se fortalezcan las rutas de atención integral.

Y es que la situación es realmente alarmante. El pasado 21 de marzo, en el colegio Ciudadela Educativa de Bosa, una madre denunció que su hija de 5 años habría sido presuntamente abusada por un compañero que tiene 7 años de edad. 

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Además, según los reportes que Medicina Legal hizo entre enero y febrero, hubo 70 menores de edad que habrían sufrido abuso sexual en los espacios educativos a los que asisten.

¿Qué le pide la Defensoría al Gobierno? 

Carlos Camargo Assis, el defensor del pueblo, pidió que cada uno de los casos se investiguen con celeridad para que se puedan tomar los correctivos disciplinarios correspondientes. Pero, también, le hizo un pedido especial al Ministerio de Educación. 

“Hago un llamado para que, de manera conjunta con los territorios, se fortalezcan las instancias y competencias según la ruta de atención integral, ante la sospecha, denuncia o evidencia de situaciones de riesgo y afectación de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes”, enfatizó. 

“Las escuelas y colegios deben ser entornos seguros y no de violencia y abuso sexuales”, prosiguió. 

¿Cuál es el mensaje de la Defensoría del Pueblo para los docentes, padres de familia y cuidadores?

Para el Defensor del Pueblo es fundamental que los padres siempre estén presentes de lo que pasa con sus niños, no omitan ningún signo de alarma y, como factor más importante, nunca lleguen a creer que lo que les informan es mentira. 

Adicionalmente, que tanto los directivos de las instituciones, como los docentes y los padres, evalúen constantemente los comportamientos anormales que se están presentando en el entorno educativo y definan una ruta de acción para intervenir a tiempo y evitar casos de abuso. 

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“Es de suma importancia identificar y clasificar las situaciones que generan violencia escolar y ponen en riesgo la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1620 de 2013”, explicó el defensor Carlos Camargo Assis. 

“Prevenir, detectar y abordar este tipo de violencias permite aportar a una mayor garantía de derechos”, concluyó.