La polémica que rodea al edificio Aquarela en Cartagena y por qué será demolido

El alcalde William Dau aseguró que fue aceptado el concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para iniciar el trámite y el proceso de demolición inmediato del polémico edificio Aquarela en Cartagena.

Su cercanía con el Castillo de San Felipe lo puso en el ojo del huracán. Al ser un proyecto de seis torres, cada una de 30 pisos, pone en riesgo el título de Cartagena como Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgado por la Unesco.

La disputa por su demolición ya completa tres años.

A la batalla jurídica por la presunta violación de las normas urbanísticas en zona protegida se sumó la orden de restitución de 619 metros de espacio público, que fueron utilizados por la firma constructora.

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La intervención del Ministerio de Cultura, de la Procuraduría General de la Nación y un estudio adelantado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en el que se advierte un posible riesgo estructural, sirven de soporte para el concepto que emite la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, y que hoy adopta el alcalde de Cartagena al decidir la demolición de la edificación.

"Entonces, el siguiente paso va a ser que nosotros como Alcaldía elaboremos una carta dirigida a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres -UNGRD-, solicitando su colaboración, y entonces de ahí para adelante nos irán orientando en cómo es que se debe hacer", aseguró el mandatario de la ciudad.

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"También tenemos que reventar el dinero que parece ser que nos van a colaborar tanto la Unidad de Gestión del Riesgo, como el Ministerio de Cultura; y están pidiendo Cartagena también ponga", afirmó.

La constructora que había propuesto modificar los diseños para construir cinco torres de 20 pisos defiende las licencias otorgadas por la Curaduría Urbana e insiste en que no hay sustento jurídico para realizar la demolición.

"Demoler el proyecto habitacional Aquarela y sin que haya de por medio una orden judicial implica asumir la responsabilidad patrimonial por los daños causados, no sólo la constructora, sino a más de 1.000 familias cartageneras que invirtieron sus ahorros en un proyecto debidamente licenciado", argumenta Gilma Úsuga, vocera de la Constructora Calle 47 S.A.S.

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Aunque no se ha definido fecha, el trámite se iniciará de inmediato y será necesario determinar cuál es la forma en que se realizará la demolición, sin afectar las edificaciones aledañas, como tampoco el Castillo de San Felipe.

Se calcula que el proceso costará entre 2 mil y 2 mil novecientos millones de pesos.