La contundente prueba de la Fiscalía en el caso de Nicolás Petro y Day Vásquez

Tras una infructuosa audiencia la noche del sábado, el domingo con nuevo juez y de forma reservada, la Fiscalía General de la Nación argumentó los allanamientos y las capturas que ejecutó en contra de Nicolás Petro y su expareja, Day Vásque.

La audiencia de imputación de cargos se llevará a cabo el martes primero de agosto a las 8:00 a.m., al hijo de presidente le serían imputados los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, mientras este último más violación de datos personales se le imputarían a Day Vásquez.

Entre el material recolectado en estas diligencias, aparecen documentos, memorias USB, computadores y un elemento que llama la atención: 25 millones de pesos en efectivo que fueron encontrados en el apartamento de Nicolás Petro, dinero que la defensa argumenta, es de un préstamo que le habrían hecho a Nicolás para gastos personales con su actual pareja que está en estado de embarazo.

Prueba reina de la Fiscalía en caso Nicolás Petro y Day Vásquez

Además, hay una prueba que el ente acusador considera contundente: el celular de Day Vásquez, donde habría quedado registro de todas las conversaciones que tuvo con quien fuera su esposo y donde se comprobaría cómo habría recibido más de mil millones de pesos de dos cuestionados políticos que inicialmente irían a la campaña del presidente Gustavo Petro, pero que Nicolás se los habría quedado para su beneficio y con dichos recursos habría comprado un lujoso apartamento.

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Legalización de la captura de Nicolás Petro y Day Vásquez

El 30 de julio en horas de la tarde la Fiscalía llevó a cabo la presentación de los detenidos ante el Juzgado Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías para legalizar su captura por su presunta vinculación a la investigación por lavado de activos.

“Los delegados fiscales lograron que el juez decretara como legal los procedimientos de captura realizados en la ciudad de Barranquilla (Atlántico) en la mañana del 29 de julio pasado, en los lugares de residencia de cada uno de los hoy procesados”, afirmó el ente acusador.

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El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) fue el encargado de desarrollar el operativo, “cumpliendo todos los requisitos de ley y garantizando los derechos fundamentales de los investigados”, según afirmó la Fiscalía.