Las voces de rechazo crecen por propuesta que daría libertad y bienes a delincuentes
Congresistas y la Corte Suprema advierten que esto pone en riesgo el sistema judicial y deja sin justicia a las víctimas.
Noticias RCN
08:40 p. m.
Lo que empezó como un borrador de articulado en despachos del Ministerio de Justicia, se ha convertido en una de las mayores controversias.
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El próximo 20 de julio, el ministro Eduardo Montealegre presentará una propuesta legislativa que ha generado una oleada de rechazo entre magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos, por el tipo de beneficios que plantea a favor de condenados por delitos graves.
¿En qué consiste el proyecto?
En esencia, el proyecto abriría la puerta a penas alternativas entre 5 y 8 años para jefes de grupos criminales, beneficios jurídicos a desertores del proceso de paz como Iván Márquez, y libertad condicional anticipada para integrantes de la primera línea, incluyendo casos como el de alias ‘19’, condenado por tortura.
La indignación crece, además, por una disposición que permitiría a estos criminales conservar hasta el 12 % de los bienes obtenidos de forma ilícita, a cambio de entregar información útil para investigaciones.
¿Por qué crecen las voces de rechazo?
Con una votación de nueve votos a favor y cinco en contra, el ministro Montealegre consiguió respaldo interno para llevar al Congreso el polémico proyecto, que consta de 51 artículos.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no tardó en pronunciarse en contra del texto. Según el alto tribunal, la iniciativa fue construida sin una deliberación seria y mezcla mecanismos de justicia ordinaria con esquemas transicionales, lo que podría romper la coherencia del sistema judicial colombiano.
La Corte fue enfática en señalar que no se garantiza reparación a las víctimas, y que se corre el riesgo de legitimar estructuras criminales sin exigirles una verdad plena ni procesos efectivos de desarme o desmonte.
La preocupación del alto tribunal también se centra en el hecho de que el proyecto permitiría que personas condenadas por delitos como secuestro, extorsión o tortura accedan a libertad condicional tras solo dos años en prisión.
¿Qué dicen en el Congreso?
El malestar también es evidente en el Congreso. Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, calificó la iniciativa como peligrosa:
Todos esos beneficios tendrán que ser rechazados en el Congreso. Cuidado y los terminan aprobando como lo hicieron con otras reformas, a punta de prebendas.
Desde Cambio Radical, las críticas no han sido menores. Carlos Fernando Motoa, senador, fue directo:
Este proyecto va en contravía del derecho internacional humanitario. No repara a las víctimas.
A su vez, Julio César Triana, también de Cambio Radical, alertó sobre el riesgo de convertir a bandas delincuenciales en actores políticos, bajo el paraguas de la paz total:
Sería muy grave que el desarrollo de la paz total se convierta en estatus político para grupos criminales que no lo tienen.
En tanto, Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, indicó que la iniciativa carece de respaldo en el Capitolio:
No hay ambiente político para que esta ley se apruebe. A seis o siete meses de elecciones, va a ser muy difícil.
Finalmente, la propuesta del ministro Montealegre no ha llegado aún al Congreso, pero ya enfrenta un escenario adverso.
La Corte Suprema, varios partidos políticos y buena parte de la opinión pública han coincidido en que los beneficios ofrecidos a criminales van demasiado lejos y podrían terminar socavando la credibilidad de la justicia en Colombia.
A pesar de que el articulado aún es un borrador, las voces en contra ya anticipan un arduo debate legislativo.
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