Liberan a los 180 militares retenidos en Tibú, Norte de Santander

Durante la tarde de este jueves 28 de octubre, la Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de los 180 soldados que adelantaban labores de erradicación de cultivos ilícitos y fueron retenidos por una comunidad en Tibú, Norte de Santander.

Unas 400 personas de la vereda Chiquinquirá “impidieron la continuidad en el desarrollo de operaciones militares contra este flagelo”, señaló el Ejército. Los uniformados permanecieron retenidos por tres días. 

"Gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Personería del Municipio de Tibú, se logró poner fin a la obstrucción de las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito que adelantaban cerca de 180 soldados del Ejército Nacional", aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

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Una comisión de la Defensoría del Pueblo realizó una jornada de mediación entre los campesinos cultivadores de coca que impedían que los miembros del Ejército continuaran con las labores de erradicación manual en la zona.

"Un equipo de profesionales de la Regional Norte de Santander de la Defensoría del Pueblo viajó hasta la zona con el fin de adelantar conversaciones con los líderes de las comunidades campesinas y los miembros del Ejercito, para verificar la situación en la que se encontraban los soldados", señaló un comunicado de la entidad.

Asimismo, la entidad entabló un Puesto de Mando Unificado convocado por la Gobernación de Norte de Santander, para garantizar la protección de los derechos humanos de las dos partes implicadas. 

Entretanto, la segunda división del Ejército anunció que adelantó la instalación de un consejo de seguridad para esclarecer rutas de concertación y preservar la integridad de los uniformados que llevan alrededor de 34 días en la zona.

Cabe resaltar que, desde hace días, la comunidad de esta zona del Catatumbo se declaró en asentamiento campesino denunciando la llegada de los uniformados y la implementación de técnicas forzadas y violentas para la erradicación desconociendo, según ellos, el punto cuatro del Acuerdo Final de Paz.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que respeten los derechos de las comunidades, dado a que en la ejecución de las erradicaciones del 2020 se presentó el homicidio de dos campesinos presuntamente por parte de la fuerza pública”, señala el comunicado de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCCAM.