Lo que podría traer la reforma política que plantea el gobierno de Gustavo Petro

Once días han pasado desde la instalación del nuevo Congreso de la República, y la coalición de gobierno habla de muchas reformas y proyectos de ley, algunos que el partido de gobierno prometió en campaña y otros que hasta ahora aparecen en el radar político.

Además de las reformas más coyunturales como la tributaria, a la salud y la agraria, hay una que también es foco de atención: la reforma política.

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En diálogo con Noticias RCN, la MOE (Misión de Observación Electoral) hizo una serie de recomendaciones para que el proceso político se mejore en los próximos años.

“El tema de la financiación sigue siendo un hueco en el ejercicio electoral, tenemos que avanzar hacia listas cerradas y financiación anticipada, esto nos permite paridad en las diferentes listas”, dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Así, una de las principales peticiones de la entidad es hacerle reformas al Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. 

“Avanzar hacia una reforma, a la arquitectura institucional electoral, es decir, una reforma al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría, y ojalá podamos avanzar a una reforma electoral”, precisó Barrios.

Dentro del mapa político aparecen otras propuestas de las que mucho se habló en campaña, como la disminución de salarios y recorte de vacaciones de los congresistas. 

Aunque voces en el Pacto Histórico dicen que una ley de este tipo solo sería posible en el próximo Congreso, desde la oposición insisten en que se puede sacar adelante.

“La reducción del sueldo de congresistas en un 20%, la reducción del Congreso el 30% en el Senado y el 20% en la Cámara y de la reducción del receso legislativo en dos meses”, manifestó Miguel Uribe, senador Centro Democrático.

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Participación política de funcionarios públicos 

Otro proyecto que ha generado controversia en algunos sectores políticos es la radicación del proyecto de ley que busca reglamentar la participación en política de funcionarios públicos, para que el presidente, sus ministros, los alcaldes y gobernadores, entre otros, puedan opinar abiertamente sobre política pese a estar en un cargo administrativo. 

La iniciativa, de origen liberal, es apoyada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y también el gobernador del magdalena, Carlos Caicedo.