Más de 100 líderes sociales han sido asesinados en el 2022, según Defensoría

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo indicó que 122 líderes sociales han sido asesinados en lo que va corrido del año en el país. 

Esta cifra también incluye a personas defensoras de los derechos humanos que, en su lucha, han perdido la vida. 

Según el documento de la Defensoría, los departamentos que más casos registran esta situación son Cauca y Nariño.

La información indicada en el informe de Violencias contra Líderes Sociales da cuenta de que en Cauca se han registrado 19 homicidios, en Nariño 17, Antioquia 12 y Putumayo con 11.

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Los departamentos con casos de líderes sociales asesinados 

Otros departamentos que también han perdido líderes sociales son Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Tolima, Caquetá, Norte de Santander, Cesar, Chocó, Meta, Sucre, La Guajira, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Bogotá, Risaralda, entre otros. 

Camargo señaló que “los homicidios en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos representan una grave afectación en contra de las comunidades y la democracia. Ellos son los representantes de las peticiones, necesidades y la voz de las personas más vulnerables. Por esta razón debemos, desde el Estado, brindarles las garantías necesarias para el ejercicio de su labor, ya que es vital para garantizar el bienestar y los derechos humanos en las regiones”. 

Adicionalmente, el reporte también indica que son 33 los casos en los que los líderes comunales han muerto de manera violenta y que el 93% de estos representan a personas de sexo masculino. 

En comparación a los años anteriores, esta problemática ha tenido un aumento. En el 2020 se habían registrado 106 homicidios y en 2021 la cifra había llegado a 90 casos.

El defensor aseguró que desde el órgano se rechazan todo este tipo de actos criminales y que se tomarán medidas para garantizar la protección de estas personas que día a día velan por defender a las comunidades. 

“Rechazamos el accionar criminal en contra de los líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Debemos mantener la guardia arriba para que el Estado les garantice la protección, su seguridad y la de sus familias y que puedan realizar con tranquilidad su labor en defensa de las comunidades”, agregó Camargo.

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