Multas de tránsito: embargarán cuentas de ahorro en caso de no pagarlas

Los deudores morosos se han convertido en un dolor de cabeza para la policía de tránsito en Cali. Sin embargo, para acabar con ello la Secretaría de Movilidad de Cali puso en marcha la estrategia del embargo de al menos 2.000 cuentas bancarias a estos ciudadanos.

Además, ha despertado la inquietud de los colombianos por conocer cómo funciona la medida aplicada por las administraciones locales para recuperar el dinero por concepto de multas y patios.

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Aunque para muchos esto parece ser ilegal, esto es una medida que puede aplicarse después de que los conductores dejen vencer los plazos estipulados por la ley para ponerse al día. Cabe anotar que esta medida es la última instancia de la policía, pues antes, el ciudadano debió ser notificado con correos y mensajes. 

“Estamos llevando a cabo el embargo de 2.000 cuentas bancarias y 2.000 vehículos. Entre estos tenemos 1.961 vehículos de transporte particular y 39 vehículos de transporte público. De las cuentas bancarias que estamos embargando en este momento, son alrededor de 1.700 millones y lo mismo para los vehículos automotores”, dijo Adriana González, directora de la Secretaria de Movilidad de la ciudad de Cali. 

¿Desde cuándo fue anunciada esta medida? 

De acuerdo a lo conocido por la entidad, esta medida empezó a regir desde el pasado 9 de febrero. Todo esto se ha hecho con el objetivo de recuperar más de un billón de pesos que se han perdido por cuenta de los morosos. 

“La Secretaría de Movilidad quiere sentar un precedente, especialmente para que haya cultura ciudadana, en el sentido de que todas las infracciones de tránsito, por fotomultas y comparendos que tengamos se paguen”, sostuvo. 

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¿Cuánto tiempo toma el desembargo de la cuenta? 

Según los tiempos establecidos por la ley, el desembargo de sus cuentas y bienes puede tomar un plazo de hasta 15 días hábiles, aunque el propietario de la cuenta podrá radicar una solicitud para asegurar que el proceso se culmine de forma efectiva.

La medida ha sido vista como controversial por algunos sectores, argumentando que podría perjudicar económicamente a los ciudadanos en lugar de ofrecer soluciones o incentivos para el pago de deudas, como descuentos u otros estímulos.