ONU condena el asesinato de jóvenes en Nariño y alerta por 33 masacres en Colombia en 2020

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia expresó su enérgica condena por la masacre de ocho jóvenes en el municipio de Samaniego, Nariño, ocurrida en la noche del pasado sábado, así como por los demás hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas en diferentes regiones, afectando la seguridad de las comunidades. 

El organismo manifestó su preocupación por la continuidad de homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de ex combatientes de Farc-EP en 2020. 

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Según la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en lo que va del año se ha documentado 33 masacres y se ha dado seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios. 

A su vez, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación en el primer semestre de 2020, registrando un aumento del 10% de los asesinatos contra estas personas comparado con el primer semestre de 2019. 

La oficina de la ONU en Colombia aseguró que un total de 215 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. 

Para el organismo, estos hechos violentos, con serios impactos humanitarios, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y otras organizaciones generadoras de violencia, de economías ilegales, pobreza y caracterizado por una limitada presencia del Estado. 

Por lo tanto, “es crucial avanzar y profundizar la implementación integral del Acuerdo de Paz especialmente su capítulo 3.4 sobre garantías de seguridad que ofrece mecanismos e instrumentos de prevención, protección y seguridad”, señaló la oficina de la ONU en Colombia.

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Para la ONU, a su vez es importante y urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como parte de los esfuerzos por consolidar el despliegue y la acción integral del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables y afectadas por el conflicto. 

Finalmente, el organismo pidió a las autoridades competentes fortalecer las medidas adoptadas y realizar todas las acciones necesarias para eliminar esta violencia y asimismo, no escatimar esfuerzos en investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de las comunidades.