Parranda en cárcel de Itagüí: advierten riesgo de manipulación de pruebas tras caída de suspensión de funcionarios del Inpec
El exministro de Justicia Wilson Ruiz se refirió a la decisión que tomó la Procuraduría sobre los 11 funcionarios.
Noticias RCN
12:22 p. m.
El escándalo por la fiesta vallenata realizada en la cárcel de Itagüí sigue generando repercusiones institucionales.
Revocan suspensión a guardianes del Inpec investigados por parranda en la cárcel de Itagüí
Tras la decisión inicial del INPEC de suspender a 11 funcionarios presuntamente involucrados en la parranda, la Procuraduría General de la Nación revocó la medida, argumentando fallas graves en la construcción del proceso disciplinario.
El exministro de Justicia Wilson Ruiz, en entrevista con Noticias RCN, calificó la situación como “una vergüenza para el país” y explicó que la nulidad decretada por la Procuraduría obedece a errores insubsanables en la formulación de cargos, lo que obliga a reiniciar la investigación desde cero.
Debilidad institucional y riesgo probatorio
Ruiz advirtió que la decisión no solo tiene implicaciones jurídicas, sino que refleja una profunda debilidad institucional. Según el exministro, la falta de precisión en los hechos y responsabilidades vulneró el derecho al debido proceso, lo que permitió que los funcionarios regresaran a sus cargos.
El riesgo, señaló, es que los reintegrados puedan manipular pruebas o indicios relevantes para la investigación, debilitando aún más la credibilidad del sistema disciplinario.
Trasfondo político en medio de la coyuntura
El exministro también sugirió que la intervención de la Procuraduría podría tener un trasfondo político, dado que no es común que se active el poder preferente de manera tan selectiva en casos de alta sensibilidad pública. Ruiz mencionó que la coyuntura de la “paz total” y la presión de actores políticos como Isabel Zuleta influyen en el manejo de este tipo de procesos.
La controversia se mantiene abierta, mientras se espera que la Procuraduría adelante nuevas decisiones que garanticen la transparencia y eviten la afectación de pruebas en el caso de la parranda de Itagüí.
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