Por irregularidades en contratación, imputan cargos a dos exalcaldes de El Doncello, Caquetá

Los exalcaldes de El Doncello, en Caquetá, Sandra Milena Losada Floriano y William Molina Pérez, quien se desempeñó como alcalde encargado de ese mismo municipio, fueron señalados como presuntos responsables de irregularidades en la etapa precontractual en un contrato que buscaría mejorar las redes de alcantarillado, hechos ocurridos en 2016.

A este proceso también fueron vinculados la secretaria de Planeación, Carmenza Caviedes Valencia; el asesor de contratación, Ever Falla Rojas; y el contratista Álvaro Marles Artunduaga.

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Según la Fiscalía General de la Nación, un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la seccional Caquetá imputó a los funcionarios como presuntos responsables de delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, en calidad de coautores y a título de dolo, peculado por apropiación en calidad de interviniente a título de dolo.

Sin embargo, ninguno de los implicados en la investigación aceptó responsabilidad alguna.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 14 de diciembre de 2016 cuando William Molina Pérez, en su condición de alcalde encargado de El Doncello, celebró el contrato de suministro n° 002 con la empresa Negocios Familiares Integrados S.A.S (Nefin S.A.S), representada por Marles Artunduaga.

El objeto era la adquisición de artículos de ferretería para la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las redes de alcantarillado, el control del uso eficiente y ahorros del agua potable en el municipio.

El ente investigador detalló que el valor del contrato superó los 270 millones de pesos, con un plazo de ejecución de diez días.

“Para la Fiscalía, dicho contrato se celebró sin observancia de los requisitos legales esenciales exigidos en la etapa precontractual. En esta última participaron: la alcaldesa, la secretaria de planeación y el asesor, pues los estudios previos deben hacer un especial análisis del sector. Se investiga si en este caso se efectuaron en debida forma los referidos análisis, los cuales serían insuficientes e incompletos”.

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Además, los procesos que anteceden al contrato no habrían sido adecuados, por lo que se habrían vulnerado los principios de contratación estatal, tales como planeación, transparencia, libertad de concurrencia, selección objetiva, entre otros.

“Esto habría originado que el contratista, supuestamente, se apropiara de los recursos del municipio caqueteño en cerca de 84 millones ($83’943.846) esto por concepto de sobrecostos y/o sobreprecios de elementos que conforman el objeto del contrato de suministro”, añadió la Fiscalía.