¿Cómo pagó? Investigan a presidente de Ecopetrol por compra de lujoso apartamento en el norte de Bogotá
El inmueble está a nombre de una firma relacionada con negocios del sector de hidrocarburos.
Noticias RCN
02:34 p. m.
La Procuraduría abrió formalmente una investigación disciplinaria en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, a raíz de una denuncia interpuesta el 28 de diciembre de 2023 por el ciudadano Duverney Ardila Germán de Ribon.
¿En qué consiste la investigación a Ricardo Roa?
El expediente, identificado con el radicado IUS: E-2023-813959 D-2024-3376632, gira en torno a supuestas irregularidades relacionadas con la compra de un apartamento en Bogotá a la compañía Princeton International Holding.
Según la queja, el apartamento habría sido adquirido por Roa por un valor inferior al que realmente corresponde en el mercado, lo que sugiere la existencia de una compraventa ficticia.
Esta transacción inmobiliaria fue realizada, de acuerdo con el denunciante, con una empresa cuyo representante legal sería Serafino Lacono, quien ha tenido una trayectoria relevante en el sector petrolero, y que ha sido vinculado a compañías como Pacific Rubiales, Gran Colombia Gold y la petrolera Lewis Energy.
El proceso disciplinario se sustenta en la posible existencia de un conflicto de intereses, dado que el empresario Lacono, a través de compañías bajo su control o representación, habría tenido relaciones contractuales previas o vigentes con Ecopetrol o con algunas de sus filiales, incluyendo negocios en campos de exploración y producción como el bloque Sinú-9, operado por Hocol.
Esto es lo que dice la denuncia en contra de Ricardo Roa
La apertura de la investigación fue decretada mediante auto del 3 de junio.
En el documento, la Procuraduría señala que se busca determinar si el presidente de Ecopetrol incurrió en una falta disciplinaria al adquirir el apartamento en circunstancias que podrían configurar un favorecimiento por parte del vendedor.
El expediente destaca que la compraventa se habría realizado antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol, cuando ya se perfilaba como próximo ocupante del cargo, lo que aumenta la gravedad del posible conflicto de intereses.
Además, la queja sostiene que el valor pagado por el inmueble fue menor al estimado comercialmente, lo que, según el denunciante, podría indicar una transacción simulada o con condiciones favorables atadas a una eventual contraprestación en el ejercicio de su cargo.
En la decisión de la Procuraduría también se establece que no hay evidencia, hasta la fecha, de que Roa haya declarado esta situación como un conflicto de intereses, tal como lo exige la Ley 2013 de 2019.
Por esta razón, una de las pruebas decretadas consiste en solicitar a Ecopetrol que informe si el funcionario presentó dichas declaraciones, si fueron entregadas físicamente o cargadas en las plataformas correspondientes, y si se activaron los procedimientos internos contemplados en el Manual Anticorrupción de la empresa, en caso de que exista.
¿Qué le están solicitando a Ecopetrol?
Entre otras medidas, se ordenó a la Ecopetrol remitir información detallada sobre todos los contratos firmados desde 2022 hasta la fecha entre sus filiales como Hocol, Cenit, Reficar, entre otras y las empresas Princeton International Holding, Lewis Energy Colombia Inc. y LNG Energy International.
También se requirió información sobre eventuales acuerdos de confidencialidad, licitaciones y participación en procesos para adquisición de crudo, como en el caso del bloque Sinú-9.
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Además, la Procuraduría solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos información sobre un acuerdo firmado entre Hocol y Lewis Energy, y a la Cámara de Comercio de Bogotá los certificados mercantiles de las compañías relacionadas.
También se pidió a notarías específicas copias de escrituras que podrían estar ligadas al inmueble adquirido por Roa.
Asimismo, el órgano de control advirtió que, de comprobarse la comisión de faltas disciplinarias, el investigado podría ser objeto de sanciones que incluyen inhabilidad para ejercer funciones públicas, suspensión del cargo o multas.
Del mismo modo, se recordó que la legislación vigente permite beneficios para el investigado si acepta los cargos o confiesa durante esta etapa procesal, lo cual podría reducir hasta en un 50 % la eventual sanción.
Por último, se ordenó remitir copias del expediente a la Procuraduría Delegada para la Contratación, a fin de que evalúe si hay lugar a una investigación paralela por posible direccionamiento irregular de contratos al interior de Ecopetrol.
El proceso continúa en fase de recolección de pruebas, y la Procuraduría comisionó a una abogada de la Delegada Disciplinaria para ejecutar las diligencias necesarias.
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