Procuraduría prorrogó la suspensión provisional del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez

La Procuraduría General de la Nación anunció este 27 de julio que prorrogará por tres meses la suspensión impuesta al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, por presuntas irregularidades en la contratación de obras para expandir las redes de alcantarillado en la Comuna 10 de la ciudad.

Según el Ministerio Público, el funcionario incurrió en “irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad”. Señaló que, al parecer, la Alcaldía inició el proceso de contratación sin contar con información actualizada sobre el estado y avalúo de los bienes que iban a ser intervenidos durante los trabajos, no detalló las ejecuciones a realizar ni publicó la programación de las mismas.

Las obras fueron financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones y contaron con un presupuesto superior a los 11.000 millones de pesos. La Procuraduría ha indicado que el proyecto lleva detenido cinco años. 

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La suspensión provisional se vencía el miércoles 26 de julio, sin embargo, la Procuraduría consideró que se cumplen los requisitos para prorrogar la decisión porque “mientras ostente la calidad de alcalde del Distrito de Riohacha tiene la facultad de participar en la actividad contractual y la función de celebrar negocios jurídicos de cualquier tipología, en los cuales podría vulnerar los principios que rigen la contratación estatal”.

La controversia por la suspensión del alcalde

El pasado 27 de abril, la Procuraduría emitió una suspensión por tres meses para el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, y posteriormente notificó a la Presidencia de la República para que ejecutara la medida y designara un nuevo alcalde; petición que no fue acatada.

En consecuencia, la Procuraduría pidió que se investigue disciplinaria y penalmente al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al considerar que el Gobierno está desconociendo sus capacidades de sancionar funcionarios.

En respuesta, el presidente Petro dirigió una carta a la entidad, en la que reitera el fallo proferido por la Corte IDH cuando él fue alcalde de Bogotá y se enfrentó a varios intentos de destitución por el entonces procurador, Alejandro Ordoñez.

"El Presidente observa con preocupación que la medida cautelar de suspensión provisional de un funcionario electo popularmente autorizada en la ley colombiana no es una de aquellas medidas restrictivas de los derechos políticos, ni reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes, lo que hace imposible que se proceda a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la autoridad administrativa, en cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente", dicta el documento emitido por el mandatario.

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La respuesta de la procuradora

Después de recibir la misiva, la procuradora Margarita Cabello aseguró que lo que está haciendo el presidente es crear un "caos institucional" al no cumplir con las órdenes dictadas por la Corte Constitucional. Además, dijo que las consecuencias de tomar esa posición podrían verse reflejadas en el comportamiento de otros sancionados.