¿Qué dicen los habitantes de San Andrés tras el fallo de La Haya?

Quienes más esperaban esta decisión celebraron al unísono el fin de este largo litigio que ha desgastado tanto al pueblo raizal.

Alex Barrios, presidente de la Asociación de Pescadores y Agricultores del archipiélago, dijo: “Este fallo es un espaldarazo: hace un llamado para entender que este es un territorio étnico ancestral, cerrando cualquier posibilidad de explotación petrolera”.

Corine Duffis, Miembro de la comunidad raizal, agregó: “No creemos que pueda haber otra demanda en este sentido, y creemos que puede mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos y raizales”.

Sin embargo, creen que el estado colombiano debe buscar la hoja de ruta para que el archipiélago reciba un nuevo estatus que proteja al pueblo étnico raizal, y su territorio, de demandas futuras.

Endis Livingston, activista por los derechos del archipiélago, por su parte, destacó: “Lo he recibido con gozo, pero espero que este fallo pueda tener un documento para tener un nuevo estatus del archipiélago”.

La comunidad pide que ahora, sin distracciones, se mire hacia los intereses y derechos de los isleños, en aras de mejorar su condición de vida y preservar su región.

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Los orígenes del litigio

El litigio por este preciado espacio se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron un tratado que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés. 

Managua, que desconoce la validez del acuerdo, presentó una primera demanda ante la CIJ en 2001, resuelta en 2012 cuando el tribunal le otorgó un área de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago.

De esa forma, el fallo dejó a esas islas colombianas rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra disputa por la presencia de navíos colombianos en la zona.

A raíz del dictamen de 2012, el gobierno colombiano se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que precisamente reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias.

En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para exigir que Colombia se abstuviera de violar los espacios marítimos. 

Colombia contrademandó a su vez a Managua por afectar la vida de la población raizal que vive de la pesca artesanal en estos territorios.

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